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OPINIÓN

“Delitos sexuales cometidos por niños” Por Isabel González (Académica de la Facultad de Derecho, U.Central)

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En el último tiempo se han conocido dos hechos graves de violación, cometidas en parques y lugares de uso público, sin un patrón de edad de la víctima, y donde asombra la edad de los victimarios, donde en uno de los casos habrían participado menores de 8 y 12 años.

Los delitos sexuales protagonizados por niños como actores han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, es así como un total de 433 niños entre 14 y 17 años fueron detenidos e investigados por la comisión de delitos contra la libertad sexual en el año 2016, según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press.

Ahora bien, los niños menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, por lo que, de probarse su responsabilidad en los hechos, el caso va a los Tribunales de Familia para evaluar la situación familiar. Sin embargo, existe otra forma judicial de enfrentar el tema, donde los niños no tiene la calidad de demandados, sino que son  sus padres los que pueden ser condenados a una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en beneficio en el último caso de la niña víctima y de sus padres, ya que se dan algunos  de los requisitos necesarios para configurar su responsabilidad, esto es: una acción ilícita de los niños, la culpa o dolo de ellos al realizar este hecho y el perjuicio o daño a la joven víctima y la relación de causalidad entre la acción dolosa y el daño producido y la no concurrencia de una causal de exención de responsabilidad.

En este caso, conforme al artículo 2319 del Código Civil, podría ser capaz de cometer un delito o cuasidelito civil un niño mayor de 7 años, que según el criterio del juez tenga discernimiento, pudiendo responder los padres por estos hechos ajenos, salvo que no pudieran impedir el hecho, según establece el artículo 2320 del código Civil. También el artículo 221 del Código Civil establece que los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir, lo que deberá probarse.

Es esta responsabilidad de los padres sobre los hechos de sus hijos menores por una posible culpar por falta de supervisión directa y por la mala educación que les ha llevado a sus hijos adquirir hábitos viciosos, la que permitió que un reciente fallo de la Corte Suprema condenó a indemnizar perjuicios por responsabilidad extracontractual a los padres de un joven de 15 años de edad, por haber publicado las fotos con contenido sexual que se tomó a una menor de 14 en un contexto de privacidad. Haciendo una distinción entre la responsabilidad civil y la penal, argumentando que tienen estándares distintos.

Estos daños acontecidos a las víctimas y también a sus padres, no solo pueden ser indemnizados los perjuicios por daño moral producidos como consecuencia del delito, sino que también por daño material sufrido por la víctima y su familia, tales como gastos médicos, tratamiento psicológico, entre otros, lo que debe probarse en juicio.

Ahora bien, sin perjuicio, de que lo importante no es solo el valor de la indemnización, sino el mensaje social que se está enviando a la comunidad, al sancionar estos hechos como reprobables y alertar sobre la responsabilidad que tienen los padres en ellos por falta de supervisión y o de educación de sus hijos, también podría incorporarse a los niños que cometieron estos delitos a un espacio de formación especial para que lleguen a ser adultos íntegros.

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Reactivación educativa integral ( Carlos Guajardo Castillo, Director Pedagogía en Educación General Básica UCEN)

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En educación están pasando cosas. Teniendo en cuenta algunas problemáticas como la ‘escases’ de profesores en las distintas regiones de Chile y la falta de interés por estudiar pedagogía, se suma una peligrosa desmotivación generalizada en el ejercicio, provocando un aumento de licencias médicas y hasta la deserción de aquellos docentes que simplemente, ya no pueden más.

 

Estamos a un mes para que los estudiantes de enseñanza media rindan por primera vez la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que trae consigo una serie de cambios para la mejora y la equidad de tantos jóvenes que desean cursar una carrera universitaria. No olvidemos también la importancia de garantizar una educación universitaria gratuita, principalmente en sectores que no tienen la oportunidad de pagar una carrera profesional. Si fuera poco, están también los actos de violencia que persisten al interior de los colegios, lo que, mezclado con falta de infraestructura y condiciones mínimas para operar, las vuelven una verdadera bomba de tiempo.

 

Para ello, es crucial contar con un magisterio cooperativo y un ministerio empoderado, capaz de transmitir comunicacionalmente las proyecciones y políticas educativas; ser una entidad que no solo responda a lo ‘sectorial’, sino que, se involucre interdisciplinariamente con las demás áreas del saber: economía, salud, transporte, derechos humanos, etc. Las universidades también deben hacer lo suyo, acercándose mucho más a las escuelas y la sociedad civil, ya que es juntamente desde dicho escenario donde se pueden producir relevantes cambios.

Nunca es tarde para resarcir aquellos factores favorecedores y obstaculizadores entre todos y todas. Finalmente, así son los aprendizajes. La sociedad actual es compleja, y ante ello, se debe abordar de manera holística, y no fragmentada como siempre se nos ha enseñado.

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Revaloricemos la educación ( Marcelo Trivelli , Fundación Semilla )

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Las cifras entregadas por el Ministerio de Educación sobre la deserción escolar en el año 2021 indican que cerca de 40 mil niños, niñas y jóvenes en edad escolar abandonaron sus estudios en el último año, de ellos, un 53% son hombres y el 46% mujeres. Este número sólo se refiere a aquellos que, habiendo estado dentro del sistema, no se matricularon ese año.

Muchos otros estudiantes simplemente no asisten. El ausentismo es la principal causa de déficit en el aprendizaje de contenidos y desarrollo de habilidades socioemocionales. Según Fundación Presente, uno de cada tres estudiantes tiene ausentismo crónico, es decir falta a clases un mes o más al año.

Las tres principales causas que explican la deserción y el ausentismo son, sentirse o estar siendo agredidos por sus pares (matonaje) o desvalorizados por uno o más profesores, no contar con condiciones para asistir a clases (ser cuidadores de un familiar, tener que trabajar, etc.) o falta de valoración de la educación por parte del estudiante y/o de su familia.

Recordemos que la obligatoriedad en la educación fue contemplada por primera vez en Chile en la ley N°3.654 del 26 del año 1920 que establecía que “a falta de cumplimiento que se refieren a las obligaciones de los padres o guardadores con respecto a la matrícula y a la asistencia escolar, será penada: a) Con amonestación verbal; b) Con multa de dos a veinte pesos, o prisión de uno a diez días, si pasados quince después de la amonestación no se ha cumplido todavía con la lei; y c) En caso de reincidencia, con pena doble de la anterior, precedida de amonestación hecha con quince días de anterioridad”.

Y continuaba: “La misma pena señalada en el inciso primero del artículo precedente sufrirá el director de fábrica o taller que acepte como trabajadores a menores de dieciséis años que no hayan cumplido la obligación escolar”.

La suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la escuela juega un rol fundamental en la socialización; el aprender a vivir en comunidad y compartir con otros niñas, niños y jóvenes. En otro ámbito fue una buena decisión del Ministerio de Educación suspender la aplicación del SIMCE que ha terminado siendo un instrumento de discriminación más que un aporte al aprendizaje de las y los estudiantes.

Actualmente la educación básica y media son obligatorias, sin embargo, no existe política pública que haga a padres, madres y/o apoderados, ni al Estado hacer cumplir la ley resguardando el interés superior del niño, niña o joven. Por tanto, nadie se hace cargo efectivamente de la exclusión escolar.

En el caso de la educación, aplica el refrán popular que dice: “lo que por conocido se calla, por callado se olvida”. Y a eso podemos agregar que el discurso hegemónico, pero equivocado, de estos días es que en Chile la educación es de mala calidad. Hay problemas, sí, pero la educación es mucho más que el rendimiento en pruebas estandarizadas.

Quienes trabajamos en educación tenemos el desafío de revalorizar, resignificar y volver a dignificar la escuela como el lugar donde se aprende a convivir y también se aprenden materias. Por el interés superior del niño, niña y joven, la escuela debe valorarse como un lugar de convivencia y bienestar de las comunidades educativas.

 

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«Las certificaciones energéticas de las viviendas y edificios públicos» Por Francesca Figueroa, (Arquitecta, académica UCEN Coquimbo)

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Desde el año 2012 Chile pone en marcha 2 certificaciones energéticas para viviendas y edificios públicos. Estas son la CEV (calificación energética de viviendas) para casa propiamente tal y la CES (Certificación Edificio Sustentable). Ambas están basadas en modelos internacionales que buscan optimizar el consumo energético de calefacción y enfriamiento que requieren los espacios para su comodidad interior. Y consideran una etiqueta energética muy similar a las que hoy vemos en los electrodomésticos: A+, A, B, C, D, E o F en la certificación CEV; y Certificación Destacada, Sobresaliente o Edificio Certificado en la certificación CES.

En palabras simples, significa que, a la hora de comprar, arrendar o solicitar el diseño de una vivienda, podremos tener certeza de cuál será el gasto energético que requerirá y podremos escoger vivir en una casa A+, A, B, C entre otras. Con esto podremos tener una idea si en las cuentas de luz, agua, o gas nuestro consumo será de $10.000 o $50.000 a modo de ejemplo, ya que los diferentes parámetros estarán calculados de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

Nuestras actuales certificaciones nacionales se basan en la británica BREEAM, la alemana Passivhaus y americana LEED. La más antigua de ellas es la de Reino Unido que data del año 1988.

La estrategia básica que consideran las certificaciones es la orientación de la vivienda o edificio, optimizando la luz y energía solar en las fachadas del volumen arquitectónico. Pese a que esto de la orientación norte, sur, oriente o poniente es un tema básico para quienes somos del área de la arquitectura y construcción, en Chile el mercado inmobiliario sigue diseñando viviendas consideradas «pobres energéticamente» y en algunos casos insalubres, ya que, al no tener una buena localización, ponen en riesgo la salud de quienes las habitan.

Muchos de los inmuebles que se proyectan en Chile nacen con errores de diseño desde el inicio, al considerar orientación sur de los espacios comunes o principales: living – comedor o dormitorios. Las familias que las ocupan, lo notan cuando rápidamente en su hogar aparecen problemas de hongos, humedades y la famosa «condensación».

Es por ello que la carrera de Arquitectura de la Universidad Central Región Coquimbo ha incorporado un electivo, que entrega las herramientas para diseñar de forma consciente en cuanto al gasto energético que genera el habitar un determinado espacio; y así, formar profesionales que permitan una construcción sustentable con su entorno y saludable para sus usuarios.

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