Cuatro claves para entender la situación judicial de los responsables de AC Inversions

La presunta estafa piramidal liderada por Patricio Santos abrió un largo camino legal donde la Fiscalía tiene 6 meses para investigar. Acá le explicamos los elementos centrales para entender un proceso que se puede extender hasta por dos años.

Ha pasado una semana desde que se destapó la supuesta estafa piramidal de la empresa AC Inversions, dirigida por Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, quienes se encuentran en prisión preventiva mientras dura la investigación. Pero con el paso de los días se han ido conociendo más antecedentes relacionados con el escándalo.

A continuación, con la ayuda de los abogados Mario Schilling y Lya Rojas, le explicamos los aspectos legales claves para seguir este proceso.
1. Proceso de formalización

El viernes 4 de marzo se vivió el proceso de formalización de los imputados por los delitos de estafa a cerca de 5.000 personas y lavado de dinero. Pero, ¿qué significa esto? «Estamos en una etapa embrionaria de la investigación criminal donde el Ministerio Público debe reunir suficientes antecedentes para sustentar una acusación», explica el abogado Mario Schilling.

En otras palabras, esto recién comienza. «La formalización significa que el fiscal informa a los imputados que se está siguiendo una investigación en su contra y cuáles son los hechos y la pena que se arriesga por esos hechos. Es decir, si hay un delito, cuál es ese delito y la participación que les cabría ahí», complementa la abogada Lya Rojas.
2. Situación legal de los imputados

¿Qué penas arriesgan los imputados? Como se trata de una estafa superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las penas para este caso corresponde a presidio menor en su grado máximo, que parte desde 3 años y un día a 5 años.

Pero al haber una reiteración de delito, esta pena se podría aumentar en un grado. «Así, se podría llegar a presidio mayor en su grado mínimo, es decir desde 5 años y un día hasta 10 años», explica Rojas.

Schilling, quien ha presentado una querella criminal y asesora a 8 víctimas, aclara que «la prisión preventiva nunca se declara por un tiempo determinado, sino que se revisa cada dos meses, no tiene que ver con el plazo de investigación. En este caso, el plazo de investigación es de 6 meses, pero la prisión preventiva se revisa cada 2, o también si hay nuevos antecedentes que ameriten revisar esa medida».

De esta forma, los imputados podrían mantener la medida cautelar durante el tiempo que dure la investigación, es decir, dos años.

«Por ahora (la prisión preventiva se dictó) por el tiempo que dura la investigación, sin perjuicio de que una vez que se venza ese primer plazo si existen diligencias pendientes la Fiscalía lo puede volver a aumentar y así sucesivamente hasta que se cumplan dos años. O sea, podrían estar en prisión preventiva hasta dos años», detalla la abogada Rojas.

No obstante, acota Schilling, «ellos (la defensa) tiene un plazo para apelar a esta medida cautelar personal».

En relación a la investigación, el jurista aclara en simples palabras el curso que seguirá la investigación: «Lo primero es destruir la presunción de inocencia que gozan los imputados, y una vez acusados un tribunal oral en lo penal debe dictar sentencia condenatoria, acoger las demandas civiles y vencidos los plazos para imponer recursos procesales o interpuestos y rechazados, ahí recién se podrá proceder a la ejecución de la sentencia».

4. ¿Las víctimas pueden recuperar su dinero?

En esta materia, los abogados tienen distintas opiniones. Para Lya Rojas, «es bastante difícil, porque aquí estamos viendo que primero hay un tema penal, es decir cuál es la sanción desde el punto de vista de la cárcel efectiva que va a tener esta persona, lo que se llama «pena corporal»; y en segundo lugar está el tema de las indemnizaciones, que solamente se va a dar en la medida que haya donde cobrar»

En este sentido, aclara que «puede que él (Santos) vaya preso y tenga que pagar con cárcel pero eso no significa que tenga que indemnizar a las víctimas».

Por su parte, Mario Schilling prefiere ser optimista, pero aclara que «cualquier persona que se sintió perjudicada que no contrata o no tiene un abogado que lo represente simplemente no va a tener dineros de vuelta. Acá se va a lograr dineros sí y sólo sí las personas presentan querellas, presentan demandas civiles».

Sobre las acciones paralelas que han impulsado los diputados Daniel Farcas y Gabriel Silber, la defensora afirma que «las acciones civiles solamente van a tener éxito en la medida en que existan bienes; entonces, si no existen bienes, por más que la acción civil ordene que se tienen que pagar cierta cantidad de dinero, si los bienes no están, van a ser inútiles».

De todas formas, Rojas recomienda que se pidan medidas precautorias sobre los dineros, «porque si esperamos hasta el final de la investigación, lo más claro es que éstos desaparezcan».

Fuente: Lanacion.cl