La Cámara de Diputadas y Diputados realizó este miércoles el primer sorteo para determinar qué parlamentarios se realizarán el obligatorio test de pelo, considerado en el nuevo reglamento sobre control de consumo de drogas.

La selección se desarrolló en reunión con las jefas y jefes de bancada, instancia liderada por el presidente de la corporación, Raúl Soto (PPD), en la cual se utilizó un sistema aleatorio y electrónico, y se dividió a los 155 legisladores en dos grupos.

Los 78 elegidos tienen plazo entre el 22 y el 30 de agosto para hacerse el examen, que deberán completar en el laboratorio de la Universidad de Chile, el que tardará entre 10 a 15 días para tener los resultados aproximadamente, de acuerdo a Soto.

La aplicación del test obligatorio será semestral, con el objetivo de que cada uno de los diputados deba pasar por aquel control dos veces en su periodo legislativo. Si algún sorteado se negara a hacerse el test, será sancionado por la Comisión de Ética.

Entre quienes resultaron seleccionados esta vez está el propio presidente de la Cámara, así como el RD Jaime Sáez, quien a fines de julio confesó consumir marihuana de manera recreacional.

El propósito de esta iniciativa es transparentar eventuales delitos de narcotráfico por parte de los parlamentarios, así como cualquier relación entre la Cámara y las redes de narcotráfico del país.

Conozca la lista completa de los diputados seleccionados a continuación:

1. Cosme Mellado
2. Luis Cuello
3. Felipe Camaño
4. Daniel Melo
5. Boris Barrera
6. Carlos Bianchi
7. Clara Sagardia
8. Harry Jürgensen
9. Jorge Rathgeb
10. Cristián Tapia
11. Camila Flores
12. Diego Schalper
13. Jaime Sáez
14. Maite Orsini
15. Rubén Oyarzo
16. Carolina Marzán
17. Gonzalo Winter
18. José Miguel Castro
19. Catalina Del Real
20. Bernardo Berger
21. Marta Bravo
22. Leonidas Romero
23. Daniel Lilayu
24. Nathalie Castillo
25. Sara Concha
26. Tomás De Rementería
27. José Meza
28. Patricio Rosas
29. Jorge Brito Hasbún
30. Juan Irarrázaval
31. Francisco Undurraga
32. Raúl Leiva
33. Eduardo Durán
34. René Alinco
35. Marcela Riquelme
36. Cristóbal Urruticoechea
37. Natalia Romero
38. Leonardo Soto
39. Henry Leal
40. Christian Matheson
41. Sofía Cid
42. Camila Rojas
43. Marco Sulantay
44. Danisa Astudillo
45. Mónica Arce Castro
46. Gonzalo De la Carrera
47. Consuelo Veloso
48. Emilia Schneider
49. Jaime Mulet
50. Jorge Guzmán
51. Cristián Araya
52. Tomás Hirsch
53. Marisela Santibáñez
54. Lorena Pizarro
55. Joaquín Lavín León
56. Alejandra Placencia
57. Hugo Rey
58. Gael Yeomans
59. Jorge Durán
60. Agustín Romero
61. Cristhian Moreira
62. Eric Aedo
63. Juan Antonio Coloma
64. Marta González
65. Sebastián Videla
66. Juan Santana
67. Vlado Mirosevic
68. Francisco Pulgar
69. Hotuiti Teao
70. Hernán Palma
71. Ximena Ossandón
72. María Francisca Bello
73. Catalina Pérez
74. Guillermo Ramírez
75. Raúl Soto
76. Andrés Giordano
77. Daniela Serrano
78. Diego Ibáñez

El Ministerio del Interior respondió este miércoles a los cuestionamientos de parlamentarios y afirmó que la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que presentó el pasado 28 de julio contra el cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sí permite perseguirlo por sus dichos donde reconoció el robo de madera como medio para poder obtener recursos.

«La querella ya presentada por el Ministerio del Interior, habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE al señor Llaitull, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras», dijo la División Jurídica de la cartera liderada por la ministra Izkia Siches en un comunicado.

Específicamente, la oficina gubernamental sostuvo que «la página 4 del escrito presentado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública apuntó la acción señalando que: «…al deducir este Ministerio del Interior la facultad del artículo 26 de la LSE, entiende que al dirigirla ‘en contra de quienes resulten responsables’ y respecto de «todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público», el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación».

Así, la División Jurídica de Interior indicó que «resulta indudable que las declaraciones vertidas -que ahora se difunden- están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito».

«Pero, además, estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte», agregó.

«Sin perjuicio de lo anterior, la indagación de actos asociados a delitos comunes, sí fue contemplada de manera expresa en la querella, al indicarse, en su página 2 de manera expresa que «…durante el transcurso del periodo que media entre el 11 de marzo de 2022 a la fecha, el señor Llaitul ha realizado, a lo menos, tres declaraciones públicas (…) que podrían configurar delitos contemplados en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado («LSE»), así como participación en diversos delitos comunes, a modo de autoría en los términos del art. 15 numerales 1) o 2) del Código Penal, lo cual deberá determinarse en el curso de la presente investigación», concluyó la declaración.

Las declaraciones de Llaitul, que se viralizaron durante los últimos días, corresponden a una actividad realizada a comienzos de junio en la comuna de Peñalolén, antes de que el Ejecutivo decidiera perseverar en querellas contra el líder de la CAM.