El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, una decisión que justificó por razones de interés nacional y que ha generado cuestionamientos en el Congreso estadounidense.
La medida afecta a la denominada Ley Graham, aprobada para aumentar la presión económica sobre Moscú y reducir los recursos financieros que contribuyen al desarrollo de la guerra contra Ucrania.
La legislación, promulgada por el propio Trump el pasado 18 de septiembre, lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quien impulsó mayores restricciones económicas contra Rusia.
Según informó la Casa Blanca, la orden permite dejar temporalmente sin efecto sanciones dirigidas a personas y entidades relacionadas con el Gobierno ruso, además de determinadas restricciones comerciales, financieras y arancelarias.
Entre las disposiciones suspendidas se encuentran los gravámenes previstos para productos procedentes de Rusia y de países que mantienen operaciones de compra de hidrocarburos rusos.
Sin embargo, la decisión no elimina las sanciones que Washington había establecido anteriormente mediante otras órdenes ejecutivas. Las nuevas exenciones permanecerán vigentes hasta que el mandatario o las autoridades correspondientes determinen modificar su aplicación.
La medida se conoce después de que Estados Unidos autorizara operaciones comerciales con diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluyendo su importación al mercado estadounidense.
El pasado 9 de octubre, Trump anunció un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para facilitar el suministro de combustible a los mercados internacionales y contribuir a reducir los precios de la energía.
De acuerdo con lo informado por el mandatario estadounidense, Rusia entregaría inicialmente más de 300 mil toneladas de diésel, con la posibilidad de ampliar los envíos posteriormente.
La decisión ha provocado críticas entre legisladores demócratas y republicanos, quienes advierten que los ingresos obtenidos por Moscú mediante la comercialización de combustibles podrían contribuir al financiamiento de la guerra contra Ucrania.
Por su parte, la Administración Trump sostiene que las medidas responden a la necesidad de contener los costos energéticos y proteger los intereses económicos de Estados Unidos.
