
El Gobierno de Perú anunció la construcción de dos nuevos complejos penitenciarios con capacidad conjunta para 24 mil internos, como parte de una estrategia destinada a enfrentar los problemas del sistema carcelario y fortalecer las medidas de seguridad.
El proyecto contempla la colaboración de Estados Unidos y la incorporación de programas de reinserción social inspirados en experiencias desarrolladas en El Salvador, aunque las autoridades peruanas descartaron reproducir completamente el modelo penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que los establecimientos serán construidos en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, al norte de Lima, donde el Ejecutivo identificó dos terrenos disponibles para desarrollar las obras.
Uno de los recintos será de máxima seguridad y tendrá capacidad para aproximadamente 10 mil reclusos, mientras que el segundo estará destinado a personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario, con espacio para otros 14 mil internos.
Según Álvarez, uno de los principales problemas de las cárceles peruanas es la distribución de la población penal, debido a que personas condenadas por delitos no violentos comparten instalaciones con reclusos de mayor peligrosidad.
El ministro advirtió que esta situación facilita que internos vinculados con organizaciones criminales intimiden a otros presos para incorporarlos a sus actividades delictivas.
En materia de seguridad, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que una reciente modificación legal permitirá a su cartera asumir la protección externa de los establecimientos penitenciarios.
La autoridad explicó que esta medida facilitará la construcción de los nuevos recintos mediante sistemas de celdas modulares y estructuras diseñadas para bloquear las comunicaciones por teléfonos celulares e internet.
Asimismo, anunció que todas las personas que ingresen a las cárceles, incluidos funcionarios, abogados y visitantes, deberán someterse a controles mediante detectores de metales y equipos de ondas milimétricas, destinados a identificar objetos ocultos o adheridos al cuerpo.
Reinserción laboral inspirada en El Salvador
Otro de los aspectos considerados por el Gobierno peruano es la implementación de actividades laborales para los internos, tomando como referencia programas desarrollados en establecimientos penitenciarios de El Salvador.
El ministro Álvarez señaló que Perú busca incorporar experiencias de trabajo en granjas y otras actividades productivas, especialmente en el recinto destinado a personas que ingresan por primera vez a prisión.
El objetivo, según explicó, es ofrecer oportunidades de capacitación y reinserción que permitan a los internos desarrollar nuevas habilidades y encontrar alternativas de vida una vez cumplidas sus condenas.
Sin embargo, la autoridad aclaró que Perú no pretende replicar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, una de las principales instalaciones penitenciarias construidas durante el Gobierno de Nayib Bukele.
Álvarez sostuvo que las condiciones de criminalidad de ambos países son diferentes y que las medidas deben adaptarse a la realidad peruana.
El anuncio se produce después de una visita oficial realizada el pasado 29 de octubre por el mandatario peruano Fujimori a El Salvador, donde recorrió parte de las instalaciones del Cecot antes de reunirse con el presidente Bukele.
Durante esa actividad, el gobernante peruano conoció sectores destinados al control e inspección de internos y la sala de armería, sin ingresar a los pabellones donde permanecen recluidos integrantes de organizaciones criminales.
La experiencia salvadoreña también ha despertado interés en otros países de la región, entre ellos Costa Rica, donde la presidenta Laura Fernández inauguró recientemente el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, con capacidad para más de cinco mil internos considerados de alta peligrosidad.
Con estos proyectos, el Gobierno peruano busca ampliar la infraestructura penitenciaria, mejorar la separación de los reclusos según su perfil delictivo y fortalecer los mecanismos de seguridad y reinserción social.
