La Haya: Chile afirmó que el Silala fluye desde hace 8.400 años hacia territorio nacional

Este viernes la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emplazada en La Haya (Países Bajos), dio el vamos a la ronda de alegatos orales por el caso sobre el uso de las aguas del río Silala que enfrenta a Chile con Bolivia: hoy fue el turno de nuestro país, que expuso sus argumentos para respaldar que el cauce lleva fluyendo naturalmente desde el país vecino durante 8.400 años.

Ubicado en las faldas del Cerro Inacaliri, en el departamento boliviano de Potosí, el Silala desemboca en el río Loa, el más grande de Chile, aunque ambos países tienen explicaciones divergentes sobre cómo se ha realizado esa conexión.

Chile considera que el Silala es un río internacional que debe ser compartido, por lo que tiene derecho al uso «razonable y equitativo» de sus aguas; mientras Bolivia sostiene que las aguas proceden originalmente de manantiales nacidos en su territorio y que fueron desviados artificialmente hacia la frontera en la primera mitad del siglo pasado.

Los alegatos chilenos los inauguró la agente ante La Haya y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien expuso que «a lo largo de casi 100 años las partes habían convenido de que el Silala fluía de manera natural de Bolivia hacia Chile, y existen amplias pruebas del reconocimiento por Bolivia de la naturaleza internacional del río, documentos, mapas y declaraciones explícitas de autoridades bolivianas».

Tras un siglo sin grandes fricciones, a finales de 1990 Bolivia acusó a su vecino de utilizar indebidamente las aguas del río y amenazó con desviar su cauce. Para dirimir la disputa, Chile finalmente decidió acudir a La Haya en 2016.

En esa línea, Fuentes remarcó que «existen estudios geológicos y geomorfológicos que indican, de forma concluyente, que un río ha fluido desde lo que hoy es Bolivia a lo que hoy es Chile a lo largo de al menos 8.400 años«.

La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, pues la Cancillería del gobierno interino boliviano de Jeanine Áñez aseguró que, durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Morales indicó que «una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional», declaración aplaudida por la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022).

«Tomando en cuenta que ahora Bolivia acepta la posición de Chile en tantos de los puntos en desacuerdo, uno se pregunta por qué seguimos aquí ante esta Corte», comentó hoy Fuentes.

De todos modos, la agente continuó explicando que nuestro país no tuvo responsabilidad ni injerencia en las construcción de los canales artificiales acusados por La Paz. «No fue Chile quien autorizó los autorizó en territorio de Bolivia, y tampoco pide Chile que se conserven y no tiene objeciones a la eliminación de estos».

«Todas las obras hidráulicas en Bolivia fueron ejecutadas por la empresa británica Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway bajo la concesión boliviana de 1908, con el consentimiento y conocimiento de Bolivia; Chile no tiene responsabilidad sobre esas obras. Y en palabras de la Cancillería de Bolivia, sería incomprensible que el Estado chileno quisiera atribuirse esa responsabilidad», recapituló en la segunda exposición del día Johanna Klein Kranenberg, coordinadora ejecutiva de la Unidad Silala del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, apuntó que «Bolivia no ha demostrado ningún uso o necesidad del agua en su territorio», en tanto que detalló la importancia del cauce para la Región de Antofagasta.

«El agua del río Silala se utiliza en Chile desde hace más de 110 años, principalmente para el consumo humano y para el funcionamiento del ferrocarril, y posteriormente para usos industriales; gracias a la alta calidad natural de las aguas, el consumo humano sigue representando un porcentaje importante de su uso», mientras que, en comparación, «Bolivia no ha utilizado para sí mismas las aguas desde 1997, aunque ha intentado vender el agua a usuarios de Chile. hasta donde chile sabe no hay uso actual de las aguas en Bolivia más que para un puesto militar que se estableció en 2006».

CONCEPTO DE CAUDAL ARTIFICIAL «INVENTADO POR BOLIVIA»

Los alegatos continuaron en voz del litigante Alan Boyle, quien sustituyó al especialista en recursos hídricos transfronterizos Stephen McCaffrey -se ausentó por motivos personales-.

Cuestionó que «Bolivia dice que los canales construidos en su territorio convierten esa agua subterránea compartida en agua superficial y de su soberanía», lo cual «no tiene ningún sentido», enfatizando que «no hay ninguna base jurídica para que Bolivia reclame derechos de soberanía exclusiva en una supuesta parte artificial del caudal del Silala».

Por ello, reiteró que Chile pide que la CIJ «declare y confirme que el derecho internacional no reconoce el concepto de caudal artificial, tal y como lo ha inventado Bolivia«.

«Bolivia pretende desviar la atención», complementó luego la académica Laurence Boisson Des Chazournes, quien remarcó que «Chile ha utilizado estas aguas desde hace más de un siglo en virtud del derecho internacional general: los primeros usos datan de principios del siglo XX».

La quinta y última exposición chilena de hoy la realizó el abogado Sam Wordsworth, quien ya representó anteriormente a Chile ante La Haya frente a la demanda marítima de Bolivia.

Esta vez, recalcó que lo que se haga en territorio boliviano, aludiendo a un eventual desmantelamiento de los canales, «sólo le compete a Bolivia». Pase lo que pase, «las aguas del Silala fluyen y seguirán fluyendo cerro abajo hacia Chile, como ya lo han hecho durante miles de años«, subrayó.

En ese marco, el litigante sostuvo que Chile está en desacuerdo con el planteamiento de Bolivia relativo a que la eliminación de los canales en el país altiplánico -a lo que La Moneda no se opone- «disminuirá significativamente» el flujo de las aguas del Silala hacia Chile.

Con todo lo expuesto, el caso es «muy sencillo fáctica y legalmente», concluyó.

El próximo lunes será el turno de Bolivia, que presentará sus argumentos en respuesta a la demanda chilena y sobre su propia contrademanda.

Luego, el miércoles, Chile formulará sus observaciones, y ya el jueves y viernes se llevarán a cabo los interrogatorios a expertos convocados por ambas partes. La semana siguiente continuarán los alegatos, que finalizarán el 14 de abril.