Ministra de Medio Ambiente: «Tenemos esperanzas de que Escazú se apruebe relativamente rápido»
El Gobierno tiene la esperanza de que el Congreso apruebe «relativamente rápido» el ingreso de Chile al Acuerdo de Escazú, instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, afirmó esta tarde la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas al medio nacional de radio Cooperativa
A casi un año de su entrada en vigencia, y cumpliendo uno de sus compromisos de campaña, el Presidente Gabriel Boric firmó este viernes el mensaje para la adhesión al tratado internacional, que debe ser ratificada por ambas cámaras del Parlamento.
La firma de esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término (2018-2012) bajo el argumento de que podría generar incertidumbre jurídica y alentar conflictos con países limítrofes; reparos que fueron descartados por el actual Gobierno.
El mensaje presidencial «va a entrar por la Cámara de Diputados, donde tradicionalmente entran los tratados. Ha habido un par de señales muy positivas. Hace un par de días supimos de que el senador De Urresti (PS) propició un acuerdo que tiene la firma de 26 senadores, así que estarían las firmas en el Senado. También ayer nos enteramos por la prensa de que la bancada de RN estaría abierta o dispuesta a adherir y votar a favor, así que tenemos esperanzas de que se apruebe y que se apruebe relativamente rápido», dijo la titular de Medio Ambiente.
«Es un instrumento poderoso», destacó Rojas, subrayando, sobre todo, que «este es un tratado que nos va a permitir resolver de manera pacífica las controversias y, por lo tanto, le va a dar gobernabilidad, bajar la conflictividad en los territorios y tener una mejor democracia».
«Este tratado no inventa derechos nuevos que no estén garantizados hoy en día, el propósito es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos», explicó la ministra.
Agregó que «una vez que esto esté aprobado y se lo enviemos a Naciones Unidas, lo que se tiene que hacer después es un estudio de dónde están nuestras brechas, qué cosas se pueden mejorar en información, en participación y en acceso».
Aseguró, sin embargo, que «en muchos aspectos, ya cumplimos» con algunos de los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, «pero podemos ir mejorando mucho los estándares».
El acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental.
También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.
Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.
También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Para ello, pide la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros.
