Cuando nos preguntamos, desde nuestro propio territorio, ¿qué ocurrió en Copiapó el 18 de septiembre de 1810?, la respuesta es evidente: nada. En Copiapó solo se tuvo conocimiento de los acontecimientos ocurridos en Santiago con la instalación de la Primera Junta de Gobierno el 24 de octubre de 1810. Sin embargo, no podemos desconocer que aquel primer paso hacia la autonomía política —aunque inicialmente representó fundamentalmente a Santiago y Concepción, esta última con su representante Juan Martínez de Rozas, abrió el camino que conduciría, algunos años después, a la independencia de Chile. La Primera Junta tuvo una vida breve y fue reemplazada prontamente por el Primer Congreso Nacional, instalado el 4 de julio de 1811. Allí sí tendremos representación política. Pero, como sabemos, desde la perspectiva de Atacama, uno de nuestros mayores aportes al proceso independentista estará ligado a la riqueza minera: la plata del mineral de Agua Amarga, en Vallenar, contribuyó decisivamente al financiamiento de las guerras de la Independencia.
El 12 de febrero de 1818, Bernardo O’Higgins declaró y firmó el Acta de Independencia de Chile. Aquel documento fundamental, como sabemos, se perdió durante el incendio y destrucción del Palacio de La Moneda tras el bombardeo del 11 de septiembre de 1973. Posteriormente, el 5 de abril de 1818, el Ejército Libertador de Chile derrotó a las fuerzas realistas en la batalla de Maipú, asegurando militarmente la independencia.
Por ello, Chile no nació con una única fiesta nacional. Durante las primeras décadas de la República coexistieron tres fechas fundamentales: 12 de febrero, 5 de abril y 18 de septiembre. La primera en desaparecer fue la celebración del 5 de abril, eliminada del calendario de fiestas nacionales en 1824, durante el gobierno de Ramón Freire. Posteriormente desaparecería el 12 de febrero como gran fiesta cívica. Esto ocurrió durante el gobierno de José Joaquín Prieto, bajo el ministerio de Diego Portales, mediante un decreto sin número, de fecha 8 de febrero de 1837. En lo medular, el decreto señalaba que los fines patrióticos de las distintas fiestas cívicas podían conseguirse mediante “la reunión de todas ellas en un solo día”. Y por increíble que parezca será recién en 1915, durante el gobierno de Ramón Barros Luco, cuando la Ley N.º 2.977 le otorgará una denominación jurídica explícita. Su artículo 1.º, número 4, establece: “El 18 de Setiembre, en conmemoración de la Independencia Nacional”. Y, a continuación, establece el 19 de septiembre como día destinado a la celebración de las glorias del Ejército y la Armada.
