La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este viernes el informe de la Comisión Mixta de la reforma al sistema político, iniciativa que previamente había sido ratificada por el Senado y que ahora queda despachada por el Congreso.
La propuesta introduce modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, elevando las exigencias para la constitución y permanencia de las colectividades. Entre los principales cambios se establece que un partido deberá tener presencia en al menos ocho regiones del país y reunir afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo correspondiente a la última elección de diputados.
Para los partidos actualmente constituidos se contempla un plazo de 18 meses para alcanzar la cantidad mínima de afiliados exigida por la nueva normativa. El Servicio Electoral podrá extender ese período en determinadas circunstancias, aunque las colectividades arriesgan perder su existencia legal en las regiones donde no logren cumplir los requisitos.
La reforma también modifica las condiciones de acceso al financiamiento público y contempla nuevas restricciones para la presentación de candidaturas independientes. Estas últimas no podrán superar el 50% de las candidaturas que presente una lista parlamentaria.
Otro de los puntos acordados obliga a los partidos políticos a incorporar en sus declaraciones de principios una condena al establecimiento de sistemas totalitarios y al uso de la violencia como método de acción política, junto con compromisos relacionados con la probidad y transparencia. Las colectividades tendrán seis meses desde la publicación de la ley para adecuar dichos documentos.
La iniciativa además reconoce legalmente a los comités parlamentarios y establece nuevas normas sobre la disciplina de sus integrantes. El incumplimiento de acuerdos internos podrá ser considerado una infracción grave, mientras que las asignaciones asociadas a un legislador permanecerán en su comité original si éste decide renunciar a la bancada.
Durante la discusión también surgieron cuestionamientos desde sectores que consideran que las nuevas exigencias podrían dificultar la creación y funcionamiento de partidos pequeños. Parlamentarios plantearon reservas de constitucionalidad y han señalado que podrían recurrir al Tribunal Constitucional.
Antes de su eventual promulgación, la reforma deberá someterse al control preventivo correspondiente. Los plazos establecidos para que los partidos se adapten a las nuevas disposiciones comenzarán una vez que la normativa sea publicada en el Diario Oficial.
