Un proyecto de ley presentado por los diputados Roberto Arroyo (independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) busca exigir que barberías, peluquerías y centros de estética acrediten los antecedentes penales y la situación migratoria regular de todo el personal que atienda público.
La iniciativa propone modificar la normativa sobre Rentas Municipales para que la entrega o renovación de la patente comercial quede condicionada a que los propietarios mantengan un registro actualizado de sus trabajadores, incluyendo la documentación que acredite permisos de residencia y autorizaciones laborales vigentes en el caso de ciudadanos extranjeros.
Según los parlamentarios, la medida busca entregar mayores herramientas de fiscalización a los municipios y facilitar los controles en terreno. En caso de no contar con el registro exigido o detectarse trabajadores con documentación irregular, el proyecto contempla sanciones que podrían llegar hasta la caducidad de la patente comercial.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo es fortalecer el cumplimiento de la normativa, resguardar a los emprendedores que operan dentro de la ley y evitar que algunos establecimientos sean utilizados para encubrir actividades ilícitas o generar competencia desleal.
La propuesta surge luego de que la Cámara Nacional de Comercio advirtiera sobre el uso de negocios de apariencia legítima, como barberías, ópticas y centros de estética, para ocultar actividades delictivas, situación que motivó la presentación del proyecto en el Congreso.
