La retención de fondos bancarios a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República ha generado preocupación y críticas durante los últimos días, luego de que diversas personas denunciaran embargos pese a percibir ingresos inferiores al umbral de $5 millones mensuales informado previamente por las autoridades.
Los casos han surgido en medio de las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería para recuperar deudas asociadas al CAE que no fueron regularizadas a través de los mecanismos disponibles, entre ellos convenios de pago y renegociación de cuotas.
Frente a esta situación, el abogado Eduardo Lara, del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, cuestionó el procedimiento utilizado por el organismo estatal, señalando que la deuda fue tratada bajo criterios similares a los aplicados en el cobro de obligaciones tributarias.
Según explicó, la Tesorería estaría utilizando facultades habitualmente reservadas para la recuperación de impuestos, pese a que las obligaciones derivadas del Crédito con Aval del Estado corresponden a una naturaleza distinta.
El profesional calificó el procedimiento como desproporcionado y sostuvo que las medidas han afectado a personas que no se encontrarían dentro del grupo de mayores ingresos considerado inicialmente para este tipo de acciones.
Asimismo, indicó que entre los afectados existirían trabajadores con ingresos cercanos al millón de pesos mensuales e incluso personas que actualmente se encuentran cesantes, situación que ha abierto cuestionamientos respecto de los criterios aplicados para la ejecución de los embargos.
La controversia surge mientras continúan las gestiones de cobro de las deudas asociadas al CAE, un sistema de financiamiento estudiantil que durante años permitió el acceso a la educación superior mediante créditos respaldados por el Estado y que actualmente mantiene a miles de personas con obligaciones pendientes de pago.
