Las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) comenzaron a regir este viernes en Chile, luego de su publicación en el Diario Oficial. La entrada en vigencia de la normativa se produce en medio de una controversia entre el Gobierno y parlamentarios de oposición por un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).

El conflicto se concentra en los plazos de la impugnación. El Ejecutivo ingresó el decreto promulgatorio a la Contraloría el pasado 9 de octubre, jornada en la que 16 senadores opositores también acudieron al Tribunal Constitucional para cuestionar algunas disposiciones de la ley.

Desde el Gobierno sostienen que la presentación se realizó fuera del plazo legal, por lo que solicitaron que el organismo declare inadmisible el requerimiento.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que no corresponde presentar una impugnación después de la promulgación de una iniciativa legal.

La autoridad destacó además la importancia de poner en funcionamiento esta legislación, considerando su extensa tramitación en el Congreso y la necesidad de establecer criterios claros para la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad.

La nueva normativa regula el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y, bajo determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas. Su aplicación se sustenta en principios como legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.

También establece cinco niveles de intervención policial, que comienzan con la presencia de los funcionarios y la comunicación, y pueden llegar al empleo de fuerza potencialmente letal cuando se cumplan las condiciones previstas en la legislación.

Por su parte, los senadores que acudieron al Tribunal Constitucional cuestionan aspectos relacionados con el principio de racionalidad y las circunstancias que permiten utilizar fuerza potencialmente letal.

El senador socialista Juan Luis Castro planteó la necesidad de respetar la revisión constitucional, debido a la sensibilidad de una legislación que regula situaciones en las que funcionarios policiales o militares pueden utilizar sus armas.

En tanto, la senadora del PPD Loreto Carvajal manifestó que, incluso si el requerimiento es declarado fuera de plazo, espera que los tribunales y la jurisprudencia permitan aclarar materias que, a juicio de la oposición, no quedaron suficientemente reguladas.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse durante la próxima semana sobre la admisibilidad de la presentación, mientras las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza ya se encuentran vigentes.