El Gobierno ingresó al Senado una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que fue enviada con suma urgencia y que contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.
El proyecto forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y fue presentado luego de incorporar modificaciones a su propuesta original, considerando observaciones planteadas desde distintos sectores políticos.
Entre sus principales cambios, la iniciativa establece de manera explícita en la Constitución que será deber del Estado resguardar la seguridad pública y proteger a la población frente a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.
El proyecto también incorpora un nuevo artículo 9° bis, que establece un marco especial para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y conductas terroristas.
La propuesta contempla que Gendarmería establezca regímenes penitenciarios diferenciados, con restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios, especialmente cuando exista riesgo de que los condenados continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
Además, establece que quienes sean condenados por estos delitos podrían quedar, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años posteriores, inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social, de acuerdo con lo que establezca una ley de quórum calificado.
En el caso de condenados por delitos vinculados al crimen organizado, la propuesta establece también una inhabilitación permanente para ejercer funciones o cargos públicos. Asimismo, contempla restricciones por 15 años para acceder a penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.
Otra de las medidas es la creación de registros oficiales de organizaciones criminales. La incorporación de una agrupación en estos registros tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público deberá continuar acreditando la participación individual de cada imputado.
La reforma también entrega nuevas atribuciones al Presidente de la República para declarar, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado. Esta declaración requeriría posteriormente la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, que podría ser decretado ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.
La nueva herramienta tendría una duración de hasta 120 días, con posibilidad de prórroga, y permitiría al Presidente suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, además del derecho de reunión. También podría restringirse el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes, conforme a las condiciones que establezca la legislación.
El Gobierno sostiene que estas nuevas facultades deberán ejercerse respetando el debido proceso y las garantías constitucionales, señalando que el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales complejas y, al mismo tiempo, proteger los derechos de las víctimas.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que la iniciativa busca establecer la seguridad pública como un mandato constitucional, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo, establecer un régimen penitenciario especial y avanzar en el nuevo estado de excepción.
Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, manifestó que existen diferencias dentro de los sectores que respaldan la propuesta, aunque sostuvo que la seguridad constituye una necesidad urgente para la ciudadanía.
En tanto, el diputado Raúl Soto, del PPD, cuestionó el alcance político de la reforma y llamó a generar acuerdos con Chile Vamos, sector al que atribuyó una posición orientada a la defensa de la democracia.
El proyecto deberá ahora iniciar su tramitación en el Senado, donde se espera un debate sobre el alcance de las nuevas facultades presidenciales, las restricciones aplicables a condenados y los límites constitucionales de las medidas propuestas.
