El Gobierno del Presidente José Antonio Kast resolvió no incorporar, por ahora, a Chile como miembro pleno de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), iniciativa promovida por el mandatario estadounidense Donald Trump para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La decisión contempla mantener al país en calidad de observador mientras se evalúan los alcances operativos, militares y jurídicos del acuerdo, especialmente respecto de sus posibles consecuencias para la soberanía nacional.
La determinación se conoce antes de la reunión internacional de ministros y autoridades de seguridad programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana, instancia en la que se abordará la incorporación de los países participantes.
La coalición busca fortalecer el intercambio de inteligencia, la coordinación táctica y la eventual participación de contingentes militares en operaciones destinadas a combatir organizaciones criminales que actúan en distintos países del continente.
Aunque la iniciativa forma parte del denominado Escudo de las Américas, existen diferencias importantes entre ambos mecanismos de cooperación.
Mientras el Escudo de las Américas está orientado principalmente a la coordinación política y estratégica, la nueva coalición contempla un componente de carácter militar y operativo, con participación del Comando Sur de Estados Unidos.
Precisamente, este último aspecto genera inquietudes en el Ejecutivo chileno, debido a las implicancias que podrían tener los ejercicios militares conjuntos y la eventual presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
La legislación chilena establece procedimientos constitucionales para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, incluyendo la participación del Congreso Nacional.
La senadora Loreto Carvajal, del PPD, respaldó la decisión de mantener una posición de cautela y señaló que existen dudas legítimas sobre las condiciones que implicaría una incorporación formal.
La parlamentaria sostuvo que la cooperación internacional resulta necesaria para combatir el crimen organizado, pero advirtió que las operaciones policiales y militares dentro del territorio chileno deben permanecer bajo el control de las instituciones nacionales.
Una postura similar manifestó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, quien destacó la importancia de diferenciar los compromisos políticos de aquellos que involucran operaciones militares.
El legislador afirmó que Chile debe participar activamente en la lucha contra las organizaciones criminales, sin comprometer su autonomía para adoptar decisiones en materia de seguridad y defensa.
Ossandón también señaló que la relación con Estados Unidos debe sustentarse en la cooperación mutua y el respeto de los intereses nacionales.
La posición adoptada por La Moneda no implica abandonar los mecanismos de colaboración internacional contra el narcotráfico, sino mantener en evaluación los compromisos específicos de la nueva alianza.
La definición sobre una eventual incorporación plena continuará sujeta al análisis de las condiciones del acuerdo y a las conversaciones que se desarrollen durante la cumbre de República Dominican
