El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió este martes al ataque ocurrido al interior de la Escuela Básica Islas de Chile, en la comuna de La Granja, donde una estudiante de 13 años apuñaló en nueve ocasiones a una niña de 7 años al interior de los baños del establecimiento.

El hecho se registró cuando la víctima, alumna de segundo básico, solicitó permiso para ir al baño durante una clase de Educación Física. En ese lugar fue interceptada por la estudiante de octavo básico, quien la atacó con un arma cortopunzante.

La menor herida fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde permanece estable y fuera de riesgo vital.

Al abordar el caso, el ministro Arrau sostuvo que el hecho debe ser tratado como un problema de seguridad y no exclusivamente educativo, enfatizando que existe una víctima y que se configura un delito, aunque la autora del ataque sea inimputable por tener 13 años, ya que la legislación chilena establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

La autoridad agregó que el Gobierno reforzará planes de prevención temprana y planteó la necesidad de analizar el entorno familiar y educativo de la agresora para comprender cómo una menor de esa edad pudo protagonizar un hecho de tal gravedad.

El caso también abrió un debate en el ámbito político. El senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que está dispuesto a discutir la instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales, mientras que el senador Cristián Vial (Partido Republicano) señaló que la discusión no debe limitarse únicamente a una eventual rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente.

Por su parte, el presidente del Centro General de Padres de la escuela, Eduardo Baeza, afirmó que se trata de un hecho sin precedentes para la comunidad educativa. Aseguró que en sus 15 años como apoderado nunca habían enfrentado una situación de esta magnitud y desmintió versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a hechos reiterados de violencia o al uso habitual de armas dentro del establecimiento.

Tras la agresión, el colegio activó los protocolos establecidos, entre ellos el contemplado por Aula Segura. Además, suspendió las clases durante la jornada y anunció que el retorno de los estudiantes estará acompañado por un plan de apoyo psicológico dirigido a toda la comunidad escolar, con especial énfasis en los cursos de segundo y octavo básico.