El Gobierno se refirió al último informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que dio cuenta de una tasa de desocupación de 9,4%, el nivel más alto registrado en los últimos cinco años, en un escenario que mantiene preocupación por la evolución del mercado laboral.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que estas cifras reflejan el impacto acumulado de decisiones económicas previas, apuntando a un escenario de bajo crecimiento y rezago en la generación de empleo.
En ese contexto, afirmó que los datos “confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”, enfatizando además la necesidad de acelerar medidas que impulsen la creación de puestos de trabajo.
La autoridad advirtió que actualmente existen más de 980 mil personas sin empleo y cerca de dos millones en situación de informalidad, un fenómeno que, según dijo, afecta con mayor fuerza a mujeres y jóvenes en el país.
De acuerdo con el reporte del INE, la informalidad laboral alcanzó un 27%, con un incremento de 1 punto porcentual en doce meses. El aumento estuvo influido principalmente por los sectores comercio e industria manufacturera, además de un alza en trabajadores asalariados del sector privado y por cuenta propia.
El biministro subrayó que el Ejecutivo mantiene un “sentido de urgencia” frente a este escenario y que se están impulsando iniciativas para dinamizar el empleo y destrabar proyectos de inversión.
En esa línea, mencionó que la denominada Ley de Reconstrucción Nacional sería clave para impulsar el crecimiento y la creación de empleos en los próximos años.
Asimismo, reafirmó que el objetivo del Gobierno es reactivar el mercado laboral y entregar mayor estabilidad a las familias a través del trabajo formal.
Paralelamente, el Ejecutivo impulsa una serie de medidas legislativas para enfrentar la situación laboral, entre ellas el proyecto de contratación por hora, actualmente en el Senado con urgencia simple.
La iniciativa contempla una modalidad de jornada parcial con acuerdos de hasta 120 horas mensuales y remuneración por hora equivalente al doble de una jornada tradicional, según el diseño propuesto.
También se evalúan ajustes adicionales a la regulación de la jornada de 40 horas, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad en sectores con alta estacionalidad, como agricultura y turismo, facilitando la contratación formal y reduciendo la informalidad laboral.
