Luis Silva dejará su cargo como subsecretario de Justicia, en medio de la controversia generada por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y los cuestionamientos a las autoridades de la cartera por su participación en la firma de los decretos.
La salida se produce luego de que el Gobierno comenzara a evaluar modificaciones en el Ministerio de Justicia, especialmente tras la difusión de un video publicado por Silva en sus redes sociales, donde explicó su participación en los procedimientos administrativos que permitieron otorgar los beneficios.
Según información confirmada por Radio Bío Bío, el registro audiovisual habría generado nuevas tensiones al interior del ministerio, debido a que el subsecretario decidió publicarlo sin informar previamente al titular de la cartera, Fernando Rabat.
En el video, Silva explicó que su firma aparecía en algunos de los decretos porque le correspondió subrogar al ministro de Justicia, asegurando que actuó bajo el criterio jurídico establecido por la autoridad ministerial.
Durante esta jornada, el ahora exsubsecretario defendió la publicación y sostuvo que su intención fue entregar información a la ciudadanía sobre un procedimiento que, a su juicio, era poco conocido.
Asimismo, reconoció que no consideró necesario consultar previamente al ministro Rabat, argumentando que los antecedentes expuestos ya habían sido abordados por el secretario de Estado ante la Cámara de Diputados.
La controversia se ha intensificado durante los últimos días debido a los cuestionamientos políticos por las rebajas de condenas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte recibió antecedentes de una denuncia presentada por parlamentarios contra ambas autoridades por una eventual prevaricación administrativa, situación que abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia.
Pese a la salida de Silva, el ministro Fernando Rabat se mantendría en su cargo, aunque continúa enfrentando críticas por su responsabilidad política y administrativa en los procedimientos cuestionados.
La decisión representa uno de los primeros cambios en la conducción de la cartera desde que estalló la controversia por estos beneficios penitenciarios, mientras permanece abierto el debate sobre las medidas necesarias para revisar los procedimientos de rebaja de condenas.
