La falta de empatía es palpable entre aquellos que hoy nos gobiernan. Para muchos de ellos, la educación de nuestros hijos parece ser solo un tema político, una oportunidad para ganar puntos y asegurar su permanencia en el poder. ¿Qué saben ellos sobre el esfuerzo de conseguir un trabajo, mantener una familia y preocuparse por la educación de un hijo? La respuesta es simple: muy poco.
Es evidente que las leyes de educación han fracasado estrepitosamente, y es muy probable que alguien asuma el costo político por ello. Pero, ¿qué pasa con el costo real? ¿Qué pasa con las familias atacameñas que no tienen otra opción que ver cómo sus hijos sufren un daño irreparable en su educación? Nadie parece preocuparse por ellos.
En Atacama vamos a cumplir dos meses desde que los profesores iniciaron un paro en protesta por la mala administración de los SLEP en la región y a estas alturas, 30 mil estudiantes están a punto de perder el año o, en el caso de los alumnos de cuarto medio, podrían quedar fuera del proceso para entrar a la universidad.
La culpa es de quienes idearon este sistema y terminaron instalando en los SLEP a sus amigos, independiente de si tenían conocimiento suficiente para hacerse cargo de algo tan importante como es el futuro de nuestros niños.
El problema es el sistema que creó los SLEP y la tómbola para la selección de alumnos, cuyos impulsores hoy están en La Moneda. No se trata de recursos, es mala gestión y tener personas en los cargos que no han estado a la altura, personas que fueron puestas ahí por razones de cercanía política y no por sus capacidades.
Y es esto, precisamente, lo que dificulta llegar a un acuerdo. Porque cuando tenemos a un Presidente de la República y una Ministra Vocera que llegaron a sus puestos defendiendo ideológicamente este sistema fracasado, un ministro de Educación, un asesor directo del Presidente como Miguel Crispi, y a la Directora de Presupuesto como los principales ideólogos, difícilmente querrán hacer cambios.
El Gobierno debería hacer un mea culpa y reconocer que su idea fracasó, y desde el Congreso impulsar los cambios necesarios. Nosotros como parlamentarios podemos hacer propuestas, como el proyecto de ley que ingresaremos la próxima semana para congelar la entrada en vigencia en otras regiones, pero depende del Presidente que avance.
Como diputada, entiendo que asumir riesgos es parte de nuestro trabajo, pero no a expensas de la educación y el futuro de nuestros hijos. Menos aún, cuando esto fue advertido en el Congreso cuando se tramitó la ley.
La educación no puede ser solo un tema político que sirve para ganar elecciones, es una responsabilidad que compartimos hacia nuestras familias y comunidades. Es hora de un cambio real y de líderes que realmente se preocupen por el bienestar de nuestros hijos y el futuro de Atacama.
