Más de cien civiles murieron en un ataque perpetrado esta semana por los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), confirmó el Gobierno y líderes de la sociedad civil.

“Fue una carnicería que tuvo lugar entre el martes y miércoles en Kisheshe (en el territorio de Rutshuru). Más de 120 personas fueron asesinadas por el M23″, dijo hoy por teléfono a EFE Edgard Mateso, vicepresidente de la sociedad civil en la provincia de Kivu del Norte, donde se encuentra la localidad atacada.

Por otro lado, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, confirmó durante el consejo de ministros celebrado este sábado que “más de un centenar” de personas murieron en ese ataque, según informó anoche el portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya.

“Pese a la hoja de ruta restrictiva de la mini-cumbre de Luanda, no se ha observado sobre el terreno una retirada de las fuerzas ruandesas y los terroristas del M23”, lamentó entonces en un comunicado el general de brigada Sylvain Ekenge Bomusa, portavoz de las FARDC.

El comunicado hacía referencia a la cumbre celebrada en la capital angoleña la semana pasada, a invitación del presidente del país, João Lourenço, mediador de la Unión Africana (UA) entre la RDC y Ruanda, a quien Kinshasa acusa de apoyar al M23.

Aunque Kigali niega rotundamente ese extremo, un informe de expertos de las Naciones Unidas filtrado el pasado mes de agosto confirmó esa cooperación.

En ese encuentro, Tshisekedi y el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Vincent Viruta -en representación de su presidente, Paul Kagame-, exigieron un cese de las hostilidades a partir de las 18:00 hora local del viernes 25 de noviembre, pero los combates estallaron de nuevo este jueves.

Frente a la masacre, el presidente declaró un duelo nacional de tres días a partir de este sábado, mientras la Iglesia católica convocó hoy marchas en Kinshasa y otras ciudades del país para pedir el fin de la violencia.

Asimismo, el presidente “pidió al ministro de Justicia que abra sin demora una investigación a nivel interno y, al mismo tiempo, trabaje a favor de una investigación internacional para esclarecer este crimen de guerra”, según Muyaya.

También la ONU y Amnistía Internacional pidieron una investigación y condenaron los hechos.

Rebeldes niegan tal cantidad de civiles muertos

Por su parte, los rebeldes negaron ayer esta cifra a través de un comunicado y situaron el número de civiles muertos en ocho.

El M23 se creó en 2012, cuando soldados congoleños se sublevaron por la pérdida de poder de su líder, Bosco Ntaganda, procesado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra; y debido a supuestos incumplimientos del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009, que da nombre al movimiento.

El grupo exigía renegociar ese acuerdo firmado por la guerrilla congoleña Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) para su integración en el Ejército, a fin de mejorar sus condiciones.

El CNDP, formado principalmente por tutsis (grupo que sufrió en gran medida el genocidio ruandés de 1994), se constituyó en 2006 para -entre otros objetivos- combatir a los hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio y otros ruandeses exiliados en la RDC para recuperar el poder político en su país de origen.

Tras años de inactividad, el M23 empezó a operar de nuevo el pasado marzo y al menos 340.000 personas se han visto desplazadas a causa de sus combates con las FARDC, según las últimas cifras de la ONU.

Después de meses de pausa, los enfrentamientos se reactivaron este octubre y el M23 ha avanzado hacia Goma, la capital de Kivu del Norte, con choques entre ambas partes a unos quince kilómetros de esa estratégica ciudad, que los rebeldes ya tomaron en 2012.

El este de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto avivado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo continuar aplicando en 2023 el fuerte recorte de la producción de petróleo acordado hace dos meses.

En un comunicado, los ministros de Energía y Petróleo de los 23 países de la alianza reafirmaron que la reducción de su bombeo conjunto en 2 millones de barriles diarios (mbd), pactada el 5 de octubre pasado, es la medida «necesaria» y «correcta».

Decidieron además convocar para el 4 de junio de 2023 su próxima conferencia regular, según la nota emitida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

No obstante, destacaron que el comité interno de vigilancia de la alianza JMMC (por sus siglas en inglés) se reunirá cada dos meses y podrá convocar una conferencia extraordinaria si la situación del mercado lo requiere.

En este contexto, aseguraron estar dispuestos «a reunirse en cualquier momento y a tomar medidas adicionales inmediatas si fuera necesario».

En su declaración final, los ministros subrayaron que la polémica reducción de suministros que entró en vigor el 1 de noviembre «fue impulsada exclusivamente por consideraciones de mercado».

«En retrospectiva, los participantes en el mercado la reconocieron como la medida necesaria y correcta para estabilizar los mercados mundiales del petróleo», añadieron.