Luego que este lunes la Fiscalía de Atacama culminara con la exposición de los antecedentes de la formalización de las tres aristas del caso “Operación Vía Crucis” que indaga delitos de corrupción, apropósito de procedimiento de compras de insumos irregulares detectados en Gendarmería, Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil (Ex Sename). La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los funcionarios públicos que son indagados en esta causa, en contra de quienes se argumentó la información reunida en la etapa investigativa de este caso.
Durante la audiencia, la Fiscalía se refirió a la información que dio cuenta de los actos irregulares detectados en la Arista del ex Sename y del Ejército, específicamente en el Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”.
La exposición de ambas líneas investigativas dejó de manifiesto que el modo de operar era similar a la arista “Gendarmería” indagada en Atacama, y que se refiere a la adquisición de insumos por parte de las instituciones mencionadas mediante la actuación ilegal de funcionarios públicos imputados en esta causa, quienes se coordinaban con los particulares que administraban las Comercializadoras Santa María y FyF Spa.
“Hoy, en esta cuarta jornada, se terminó la audiencia de formalización, pudiendo argumentar que es una investigación que surge tras una denuncia reservada hecha por Gendarmería y que ilustró acerca de mecanismos fraudulentos de adjudicación de insumos relacionados con procesos de compra de alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó”, dijo el fiscal Luis Miranda Flores.
Respecto de hechos sometidos a la investigación, el persecutor indicó que la Fiscalía junto a la labor operativa de la Bridec y Brilac de la PDI logró acreditar cinco mecanismos en cada una de las aristas indagadas que llevaron a la comunicación de cargos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.
“Bajo cada uno de estos conceptos se pudo advertir que a partir de esta infracción de los deberes del cargo de los distintos funcionarios públicos obtuvieron beneficios económicos irregulares que se tradujeron en transferencias efectuadas por los imputados propietarios de las empresas involucradas. Estamos hablando de los cuatro funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en Copiapó, a una funcionaria del Sename que se desempeñaba en el CIP-CRC de San Bernardo y un funcionario del Ejército. Cabe mencionar que en esta causa se solicitó el alzamiento del secreto bancario extendido para reunir más antecedentes de los movimientos realizados”, dijo Miranda.
Sobre los beneficios que recibieron los imputados que se coordinaron con los representantes de las mencionadas empresas, el fiscal Miranda indicó que la investigación acreditó que hubo transferencias bancarias que iban desde los 200 mil pesos hasta los 2 millones 500 mil pesos, monto que luego era redistribuido entre los imputados. Agregando que también hubo distribución de mercadería.
Luis Miranda indicó que la investigación en todas sus aristas estableció un perjuicio fiscal del orden de los mil 111 millones de pesos.
Cabe mencionar que este lunes se sumó a la audiencia el Consejo de Defensa del Estado, entidad que presentó una querella frente a los antecedentes conocidos. En este sentido, la abogada Marsella Rojas, indicó que esta entidad se hizo parte en la causa respecto de los funcionarios públicos involucrados y los particulares. “La querella está acorde con los hechos formalizados frente a la investigación del Ministerio Público y que busca perseguir la responsabilidad de los funcionarios, participando desde este momento en cada una de las actuaciones que se desarrollen en esta causa y ante una eventual audiencia de Juicio Oral”, indicó.
MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS
Luego de la entrega de los medios de prueba que sustentaron la extensa formalización de cargos, la tarde de este lunes la Fiscalía argumentó la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva para todos los funcionarios públicos investigados. Debate que continuará este martes son la exposición de las respectivas defensas. Mientras que, con relación a los particulares, quienes tienen un tipo penal distinto, se solicitó el arresto domiciliario total, además del arraigo nacional.
