Operación Vía Crucis: PDI detalla investigación por presunto fraude al Estado en Atacama

 

La Policía de Investigaciones de Atacama entregó nuevos antecedentes sobre la denominada Operación Vía Crucis, investigación desarrollada junto a la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía regional y que terminó con tres funcionarios públicos en prisión preventiva.

El proceso estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec, y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, Brilac, ambas unidades de la PDI Copiapó.

De acuerdo con la investigación, existiría una organización integrada por particulares y funcionarios públicos que presuntamente habrían actuado de manera coordinada para defraudar al Estado.

La jefa de la Bridec Copiapó, subprefecta Cecilia Diez, explicó que el mecanismo investigado habría operado mediante empresas proveedoras del Estado que mantenían vínculos con funcionarios de distintas instituciones públicas.

Según detalló, a través de la plataforma Mercado Público estas empresas podían participar en contrataciones, licitaciones o compras ágiles, procesos que, de acuerdo con la indagatoria, habrían sido adjudicados de manera irregular.

La oficial agregó que la investigación se sustenta en documentos bancarios, declaraciones de testigos, peritajes y escuchas telefónicas, antecedentes que permitieron reconstruir la trazabilidad de las operaciones y establecer el presunto vínculo entre las empresas investigadas y funcionarios públicos.

Tras la formalización, y a solicitud de la Fiscalía de Atacama, el tribunal decretó prisión preventiva para tres funcionarios públicos investigados por delitos de cohecho reiterado y asociación criminal.

En el caso de una funcionaria de Gendarmería, además, se incorporó una imputación por lavado de activos.

Respecto de otros siete imputados, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras continúan las diligencias de la causa.

El plazo de investigación fue fijado en cinco meses, período en el que la Fiscalía y la PDI deberán continuar reuniendo antecedentes para determinar el alcance de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.

 

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