En el centro de la polémica se encuentra la Ministra de Interior, Carolina Tohá, cuya gestión durante el secuestro del empresario Rudy Basualdo ha sido objeto de fuertes críticas por parte de expertos en seguridad y la oposición.
Tohá confirmó en un punto de prensa que se pagó un rescate para liberar a Basualdo, destacando que esta decisión fue parte de la negociación y responde a la prioridad de garantizar la seguridad del afectado. Sin embargo, estas declaraciones generaron reacciones negativas por parte de diversos sectores.
El exsubsecretario de Interior, Felipe Harboe, señaló que el secuestro extorsivo merece una rápida condena para evitar un efecto multiplicador. Además, criticó la revelación de detalles de la investigación y pagos, considerándola una opinión inadecuada que facilita el efecto imitación.
El experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, analizó la comunicación de Tohá, destacando que, aunque la Ministra comenzó bien al no entregar detalles de las negociaciones, terminó mal al confirmar el pago y filtrar el monto. Recomendó la emisión de comunicados leídos para evitar impactos futuros.
Miguel Ángel Castro, a cargo de la Unidad de Secuestros, explicó la complejidad de investigar este delito y destacó la tendencia de los chilenos a ser personas confiadas, lo que beneficia a las organizaciones criminales.
Desde la coalición Chile Vamos, también se cuestionó duramente el rol de la Ministra Tohá. Henry Leal, diputado de la UDI, calificó como inaceptable la revelación del pago de rescate, señalando que pone en riesgo la seguridad de todos los chilenos y podría fomentar este tipo de delitos.
La preocupación se extendió a los alcaldes, con Daniela Peñaloza de Las Condes expresando que el Estado se arrodilló ante el crimen organizado, mientras Evelyn Matthei de Providencia advirtió que las palabras de Tohá abren un pésimo precedente para el futuro del país.
En resumen, la gestión de Carolina Tohá durante el caso Basualdo ha generado fuertes críticas y preocupaciones sobre el impacto en la seguridad del país. La oposición y expertos coinciden en la necesidad de abordar este tipo de situaciones con mayor prudencia y consideración.
