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OPINIÓN

“El fenómeno de la retractación” por Alexis Rogat Lucero (Fiscal Regional de Atacama)

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El retiro de una denuncia en casos de violencia intrafamiliar no significa la detención del trabajo investigativo que desarrolla la Fiscalía.

 

El delito de violencia intrafamiliar es uno de los ilícitos que mayor incidencia tiene en los ingresos de denuncias a las Fiscalías de la región de Atacama. Este posee características particulares lo que implica una preocupación especial del Ministerio Público de velar por la seguridad de las víctimas, en cuyas investigaciones, post agresión, muchas veces ocurre un fenómeno que trae como consecuencia la imposibilidad de esclarecer el hecho denunciado y de obtener la eventual sanción para el responsable. Hablamos de la “Retracción de la denuncia”, esto significa que luego de interponer una denuncia, el afectado o afectada por el delito, manifiesta su intención de no continuar con el proceso investigativo.

Esta preocupación especial a la que nos hemos referido, implica no sólo escuchar a la víctima si no que también hacer todo lo que esté al alcance institucional para protegerla y es, precisamente, en los casos de violencia intrafamiliar, en que estos dos aspectos deben reforzarse atendido el estado de vulnerabilidad que muchas veces presenta el afectado o afectada.

Frente a ello, la Fiscalía debe -por expreso mandato del Fiscal Nacional- ponerse en contacto con las víctimas de violencia intrafamiliar en un plazo no superior a 24 horas, buscando así reunir la mayor información posible para desentrañar el hecho y establecer, además, el primer contacto entre la Fiscalía, como ente persecutor y el denunciante que requiere de la atención, apoyo y protección de sus derechos e integridad.

Esta clase de herramientas han sido promovidas precisamente, buscando asegurar una investigación oportuna y efectiva de casos que, tenemos la certeza, son relevantes y de un alto interés social e institucional.

No está de más aclarar que la retractación en investigaciones por violencia intrafamiliar, no impide ni genera la interrupción de una indagatoria penal, pues el fiscal a cargo tiene la obligación legal de revisar caso a caso los antecedentes que la componen y de agotar todas las instancias que estén a su alcance para esclarecer el hecho y, de estimar que tiene prueba suficiente para continuar con la tramitación de la causa, perseguir penalmente al responsable.

Si bien es cierto, esto pudiera parecer contradictorio, ya que una de las obligaciones del fiscal es escuchar a la víctima, la experiencia indica que el fenómeno de la retractación generalmente no se produce porque los hechos no hubieren ocurrido, sino por el contrario, muchas veces la afectada no desea seguir con la causa por factores asociados al vínculo que mantiene con el imputado o con el entorno de éste. A veces, debido a que aún mantiene temor a su agresor, como ocurre por lo general cuando éste es su conviviente, cónyuge o bien la persona con quien mantiene hijos en común; y en otras ocasiones, porque alberga la esperanza de retomar su vida en pareja a pesar del riesgo latente para su integridad.

Las señaladas, son poderosas razones para decir “no quiero continuar con la investigación”, pero no se debe olvidar que una de las principales funciones  del Ministerio Público, en aras de mantener la paz social, es proteger a las víctimas de delitos, incluso cuando éstas estimen que ya no lo necesitan.

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OPINIÓN

El TPP-11, un tratado en el que Atacama y Copiapó tienen mucho más que ver de lo que pensamos ( Por Juan Manuel Cáceres, Concejal por Copiapó.)

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Los sectores más proclives a la profundización de la globalización y el sistema neoliberal con su peor cara extractivista, han decidido darle un nuevo aire al tratado del TPP11. Lejos de ser algo que esté todos los días en la discusión de nuestras casas, debemos estar conscientes de que a Copiapó y Atacama este tratado no le da lo mismo. Claramente podría ayudar a intensificar la agenda de destrucción ambiental.

 

Por Juan Manuel Cáceres, Concejal por Copiapó.

 

Desde hace años se habla del TPP-11. Un tratado que ha sido criticado desde distintos sectores políticos y que en su argumento principal está la pérdida de soberanía del país. Este aspecto es fundamental si queremos encontrar nuestro propia ruta en el largo camino de un desarrollo más amigable con el medio ambiente y sus comunidades. ¿Por qué? Porque si se firma el TPP-11 ante una política pública que realice el Estado de Chile, una empresa importante del extranjero tendría facultades para poder manifestar su molestia y eventualmente demandar al país.

 

En este sentido el TPP-11 es más que un tratado comercial que baja los aranceles. Es realmente la integración de una zona de mercado donde los países con más industrias tendrán más facilidades para sacar los recursos naturales de los países que tienen menos industria. Y es allí donde la forma de resolver las controversias quedará en un punto bastante desfavorable para los países más débiles en la política internacional, como el nuestro.

 

¿Qué podemos hacer nosotros frente a Japón, Australia, Canadá o el mismo Estados Unidos? Por cierto cuatro países que tienen muchos negocios en Atacama ya, como lo son en el área de minería (Candelaria en el caso canadiense) o bien existe en el Valle de Copiapó una industria de monocultivo que apunta directamente a satisfacer el gusto por la uva de mesa de Estados Unidos en desmedro de las necesidades alimentarias de nuestra propia comunidad, me refiero al negocio de los parronales.

 

Por eso no da lo mismo, la asimetría se va a acentuar. Hoy es necesario poder defenderse y creo que hay un aprovechamiento de la debilidad gubernamental en que están festinando los grupos más conservadores de nuestro país. Al mismo tiempo hay que exigir el compromiso del gobierno, pero por sobre todo del Congreso por determinadas causas, puntualmente el garantizar un medio ambiente que nos de la posibilidad de tener una buena calidad de vida. No se trata de estar en contra del mercado, el mercado siempre está, sino cómo vamos a obtener nuestros productos, en cualquier sistema, no se trata de eso. Aquí se trata de no entregar fácilmente lo que tenemos en nuestro poder como sociedad chilena, y en este caso atacameña. Territorio, naturaleza , comunidad y soberanía.

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OPINIÓN

La nueva relación entre empresa y colaboradores   ( Por Felipe Cuadra, Co Fundador Rankmi Chile)

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Los últimos años nos han enseñado mucho. Como industria, nos vimos obligados a adoptar en tiempo récord nuevas formas de trabajar, de cuidar a las personas, de generar ambientes de trabajo seguros. Estos cambios tienen consecuencias permanentes: hoy tenemos una fuerza laboral con otras prioridades y necesidades.

 

En paralelo, los grandes temas siguen presentes. Chile sigue siendo el segundo país menos productivo de la OCDE, y contamos además con una regulación laboral que nos ubica entre los que tienen menor flexibilidad en el empleo. Para el 2023, ya podemos vislumbrar los principales temas que se tomarán la agenda: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la negociación colectiva multinivel, la participación de los y las trabajadoras en los directorios de grandes empresas, regulación de la subcontratación y las normas de término de la relación laboral se presentan como los principales desafíos a abordar el próximo año.

 

Como parte de la Red de Recursos Humanos, en conjunto a otros actores claves del país en la materia, en Rankmi fuimos parte de un encuentro en donde tuvimos la oportunidad de analizar este nuevo perfil. El diagnóstico es compartido, las organizaciones deben tener la capacidad de respuesta ante este nuevo escenario y no sólo reaccionar, sino que prepararse, medirse, y desafiarse a cambiar antes que el cambio sea inevitable.

 

Muchas organizaciones ya han puesto en marcha estos cambios, y están invirtiendo en bienestar para lograr una fuerza de trabajo más saludable y feliz, alcanzando un mayor compromiso y productividad. Esto reafirma nuestro compromiso, las empresas deben ser actores activos en lo que respecta a su relación con los colaboradores y no reaccionar tardíamente.

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OPINIÓN

Necesidades concretas frente al crimen organizado ( Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero)

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La Región de Atacama si bien está lejos aún de realidades delictuales de otras zonas del país, no es menos cierto que también está viviendo un presente desconocido hasta hace pocos años, por cuanto la comunidad está siendo afectada por delitos cada vez más violentos que van de la mano con la preocupante proliferación y uso de armas de fuego convencionales y de confección artesanal. Es esta una cuestión que nos causa suma preocupación como Fiscalía y que redobla nuestra inclaudicable determinación de perseguir y reprimir los delitos desde el mismo momento de su ejecución.

Adicionalmente, debe considerarse que, hoy en día, la expresión del fenómeno criminal ha superado la antigua imagen del delincuente solitario, al conformar agrupaciones de criminalidad organizada que obligan al Estado a adoptar nuevas formas de actuación para neutralizar y desarticular su nefasto accionar, lo que en el caso del Ministerio Público se ha expresado a través del trabajo que desarrollan fiscales especializados y las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que han integrado eficientemente la labor de inteligencia, el análisis de información y detección de agrupaciones delictuales con el aspecto jurídico-operativo, al llevar ante Tribunales de Justicia a sus responsables e instar por una condena penal.

Es en esa dirección que se valoran las medidas anunciadas por las autoridades centrales y que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.

Sin embargo, cuando la lucha del Estado contra la criminalidad organizada carece de un profundo análisis de las diferentes realidades regionales, de los requerimientos institucionales y de la dinámica delictual, pierde toda razonabilidad y fuerza. En efecto, la creación de unidades policiales especializadas de poco sirve si no se les dota de herramientas tecnológicas y contingente preparado para asumir estos nuevos desafíos; de nada sirve recurrir a las figuras de fiscales preferentes o exclusivos, si quienes son destinados a esta tarea, son los mismos fiscales que –hace años- acusan un déficit de personal versus el nivel de ingreso de denuncias que ha llegado desde hace tiempo a niveles críticos en algunas partes del país, sin que exista voluntad de aumentar el número de fiscales y sus respectivos equipos de trabajo. Ese fiscal preferente o exclusivo, es el mismo que arrastra una sobrecarga de investigaciones que, además, debe extremar sus esfuerzos para participar de las audiencias judiciales diarias, asumir turnos telefónicos, confeccionar órdenes de investigar a las policías, análisis de sus resultados, atención de víctimas y testigos, alegar ante las Cortes de Apelaciones, preparación de Juicios Orales, entre muchas otras tareas, las que podrían optimizar su distribución si existiera un mayor número de fiscales y así dar prioridad y enfocar su esfuerzo a aquella tarea exclusiva de persecución penal de quienes cometen delitos.

Asimismo, de poco o nada aporta a la seguridad país la generación de proyectos de ley contenedores de figuras penales con altas sanciones, si no se asigna a las instituciones mencionadas los mínimos recursos técnicos y de personal para asegurar la ejecución de su función y las medidas de seguridad que les permita reaccionar ante las acciones de grupos de delincuentes que, en otras partes de América, en lo que va de 2022, ya ha cobrado la vida de varios fiscales a manos de organizaciones criminales.

En ese orden de ideas, resulta muy importante centrar la atención en las medidas de Estado que lleven a un aumento efectivo de la dotación policial para el país, así como un incremento de la planta del Ministerio Público, con la especialización y las herramientas tecnológicas que faciliten una persecución penal más eficiente y efectiva, junto a una tarea legislativa en materia de seguridad que se transforme en un punto de encuentro contra la criminalidad organizada.

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90.9 MHZ: Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla, Nantoco, Chamonate, San Pedro, Piedra Colgada, María Isabel, Aeropuerto

93.1 MHZ: Vallenar, Freirina, Maitencillo, Hacienda Nicolasa, Ruta 5

101.9 MHZ: Caldera, Bahía Inglesa, Bahía Salada, Barranquilla, Puerto Viejo, Ramada, Rodillo, Obispito, Aeropuerto, Ruta 5 y el litoral.

98.3 MHZ: Los Loros, Campamento Caserones, San Antonio, Tranque Lautaro, Zonas rurales precordilleranas