Exsubsecretario Larraín demanda al Ministerio del Trabajo por 580 millones de pesos
Christian Larraín, exsubsecretario de Previsión Social, ha presentado una demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo, alegando un trato «innecesario y desproporcionado» durante su salida del cargo. Además, Larraín exige una indemnización de 580 millones de pesos por «daño moral».
La acción judicial se lleva a cabo dos meses después de que Larraín dejara su puesto debido a denuncias de acoso sexual y laboral, así como a presuntos hostigamientos a funcionarias de la Subsecretaría.
El abogado Jorge Bofill presentó la demanda en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, alegando vulneraciones de garantías constitucionales de respeto y protección a la honra de la persona y su familia, así como errores de procedimiento por parte del Ministerio del Trabajo.
La demanda argumenta que la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad en el proceso de salida de Larraín del cargo.
En su reclamo, Larraín busca una indemnización de 80 millones de pesos por la violación del derecho al honor, equivalente a 11 remuneraciones mensuales, así como otros 500 millones de pesos por el daño moral causado a su reputación profesional y personal.
Larraín también destaca que la causa de su renuncia se avaló públicamente sin una investigación previa, sin comprobación de los hechos y sin respetar el principio de inocencia, lo que estigmatizó su imagen de la noche a la mañana.
El exsubsecretario relata cronológicamente que fue citado a una reunión con la ministra Jeannette Jara, quien le informó sobre la denuncia en su contra y le ordenó su renuncia para «evitar un escándalo». Aunque no se reveló la identidad del denunciante, Larraín fue notificado de que la acusación se refería a «uso de lenguaje de connotación sexual en público».
En la demanda, se critica que nunca se le instruyó un sumario previo para comprobar o descartar la veracidad de las denuncias, ni se llevó a cabo una investigación formal o se solicitó una declaración al respecto. Asimismo, se subraya que no se aplicaron normativas vigentes ni se siguieron los protocolos y medidas de protección garantizadas por la Constitución.
Casi dos meses después de su renuncia, el 28 de julio, Larraín recibió un correo electrónico citándolo a declarar en el marco del sumario administrativo instruido por la ministra Jara, que se llevará a cabo el 3 de agosto ante el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, quien actuará como fiscal, y la actuaria Marcela Ruiz Calderón.
La demanda también exige que el Ministerio del Trabajo se excuse mediante una comunicación formal y pública a través de los medios de prensa nacionales, así como en la página web de la cartera.
