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“Incendios forestales y burocracia” por Álvaro Iriarte – Director de Investigación Instituto Res Publica

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Ante un evento de tal magnitud como son los peores incendios en la historia de Chile, y con la experiencia de lo que fue el 27 F, el terremoto de Iquique, el 25 M en Copiapó y el volcán Calbuco en Puerto Montt, lo lógico sería que el gobierno no repitiera los mismos errores. Pero una vez más, la ideología, los prejuicios y cierto voluntarismo generaron la tormenta perfecta.

¿Cuáles son las lecciones? En primer lugar, el manejo de estas emergencias no puede quedar sometido a pequeñeces partidistas, sino estrictamente a criterios técnicos e institucionales. La tardanza excesiva en entregar el control de la emergencia a las Fuerzas Armadas y el penoso espectáculo en relación con la gestión privada para traer el supertanker superan al mejor libreto de Hollywood.

Se puede discutir si hay que conferir más atribuciones y presupuesto a la ONEMI o a la CONAF, o si se debe volver a considerar una función central de las Fuerzas Armadas en las catástrofes, transferida al servicio civil por el ex presidente Ricardo Lagos y su entonces ministra de defensa Michelle Bachelet. Pero queda de manifiesto que el servicio civil no tiene las competencias, capacidades y criterios para afrontar una catástrofe de esta naturaleza. Por esta misma razón parece a lo menos una reducción al absurdo sostener que el problema en controlar el desastre se debió a que no existe un servicio público cuya misión sea el combate de este tipo de eventos, y que se requiere más burocracia para evitar estas catástrofes.

Otra gran lección es la necesidad de involucrar a la sociedad en la superación de la emergencia. Queda en evidencia una contradicción: todos los políticos hablan de “colaboración público-privada” como una poderosa herramienta, pero precisamente cuando se vuelve más relevante, en una catástrofe natural, repentinamente algunos dificultan el aporte de los particulares. Peor aún, pareciera que se busca negar la contribución de la sociedad civil, olvidando que los primeros grupos en llegar a colaborar provienen precisamente de ella. Actitudes como esta responden a una lógica obsoleta, y ponen en tela de juicio cualquier futuro llamado a la colaboración público-privada.

En este contexto, no es sorpresa el resultado de la encuesta Adimark de febrero: un 70% califica negativamente en este aspecto la acción del gobierno, mientras que los Carabineros, Ejército y Bomberos son los mejor evaluados.

 

 Por Álvaro Iriarte – Director de Investigación Instituto Res Publica

 

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PAÍS

Minsal anunció el fin de la homologación de vacunas para ingresar al país

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El Ministerio de Salud anunció esta jornada que terminará con la homologación de vacunas contra el Covid-19 para los turistas que quieran ingresar al país.

La simplificación para el ingreso a Chile regirá desde el próximo 1 de septiembre, pudiendo llegar al territorio chileno con un certificado de vacunación entregado por el país donde se otorgó la dosis contra el coronavirus, además del respectivo documento de identidad.

Dicho certificado funcionará también como pase de movilidad, permitiendo el ingreso a hoteles, restaurantes, cines, etc.

La ministra Begoña Yarza explicó que, para entrar a Chile, «este certificado de vacunación es el que se va a presentar en la línea aérea para hacer todo el trámite del ingreso».

En tanto, las personas no vacunadas deberán presentar un PCR con resultado negativo, realizado en el lugar de origen 48 horas antes de llegar al país.

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PAÍS

Contraloría: Ministro Jackson «no se ajustó a la necesaria prescindencia»

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La Contraloría General de la República (CGR) estableció este viernes que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, «no se ajustó a la necesaria prescindencia» de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.

La resolución responde a un oficio ingresado la semana pasada por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Joanna Pérez y Eric Aedo, que reclamaron una presunta «vulneración a los principios de juridicidad y probidad» respecto a la responsabilidad que desplegaría el secretario de Estado al recibir las propuestas para modificar la nueva Carta Fundamental en caso de aprobarse en el referéndum.

En un informe de cuatro páginas firmado por el contralor, Jorge Bermúdez, el ente fiscalizador señaló que, «como puede advertirse, el legislador le entregó al Ministerio Segpres, entre otras, la función de asesorar en temas de relevancia política al presidente de la República y a sus ministros, y le asignó el rol de coordinador del gobierno con el Congreso Nacional y los partidos políticos, en temas legislativos y normativos. Por ello, se ajusta a las funciones propias de esa Cartera de Estado el que su ministro se reúna con los partidos y líderes políticos con el fin de analizar temas de relevancia nacional, y legislativos y normativos».

«En el caso en estudio, se tuvieron a la vista antecedentes consistentes en declaraciones a noticiarios y notas de prensa que hicieron de público conocimiento las expresiones vertidas el 2 de agosto de 2022 por el ministro Secretario General de la Presidencia. En ellas se aprecia que el Ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción Apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes, y que el objetivo es tener claridad de los elementos y los escenarios que enfrentará el Gobierno en conjunto con el Congreso a partir del 5 de septiembre«, indicó la CGR.

Sin embargo, el organismo «advierte que en forma previa a la realización del plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa Cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción Rechazo».

«De este modo, la manera y la oportunidad en que el ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo«, concluyó.

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ATACAMA

Mueres de Freirina recibieron Charla y Exámenes Preventivos

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Gracias a una alianza entre el Programa Mujeres Jefas de Hogar y el Centro de Salud Familiar de la comuna (más…)

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