“Incendios forestales y burocracia” por Álvaro Iriarte – Director de Investigación Instituto Res Publica

Ante un evento de tal magnitud como son los peores incendios en la historia de Chile, y con la experiencia de lo que fue el 27 F, el terremoto de Iquique, el 25 M en Copiapó y el volcán Calbuco en Puerto Montt, lo lógico sería que el gobierno no repitiera los mismos errores. Pero una vez más, la ideología, los prejuicios y cierto voluntarismo generaron la tormenta perfecta.

¿Cuáles son las lecciones? En primer lugar, el manejo de estas emergencias no puede quedar sometido a pequeñeces partidistas, sino estrictamente a criterios técnicos e institucionales. La tardanza excesiva en entregar el control de la emergencia a las Fuerzas Armadas y el penoso espectáculo en relación con la gestión privada para traer el supertanker superan al mejor libreto de Hollywood.

Se puede discutir si hay que conferir más atribuciones y presupuesto a la ONEMI o a la CONAF, o si se debe volver a considerar una función central de las Fuerzas Armadas en las catástrofes, transferida al servicio civil por el ex presidente Ricardo Lagos y su entonces ministra de defensa Michelle Bachelet. Pero queda de manifiesto que el servicio civil no tiene las competencias, capacidades y criterios para afrontar una catástrofe de esta naturaleza. Por esta misma razón parece a lo menos una reducción al absurdo sostener que el problema en controlar el desastre se debió a que no existe un servicio público cuya misión sea el combate de este tipo de eventos, y que se requiere más burocracia para evitar estas catástrofes.

Otra gran lección es la necesidad de involucrar a la sociedad en la superación de la emergencia. Queda en evidencia una contradicción: todos los políticos hablan de “colaboración público-privada” como una poderosa herramienta, pero precisamente cuando se vuelve más relevante, en una catástrofe natural, repentinamente algunos dificultan el aporte de los particulares. Peor aún, pareciera que se busca negar la contribución de la sociedad civil, olvidando que los primeros grupos en llegar a colaborar provienen precisamente de ella. Actitudes como esta responden a una lógica obsoleta, y ponen en tela de juicio cualquier futuro llamado a la colaboración público-privada.

En este contexto, no es sorpresa el resultado de la encuesta Adimark de febrero: un 70% califica negativamente en este aspecto la acción del gobierno, mientras que los Carabineros, Ejército y Bomberos son los mejor evaluados.

 Por Álvaro Iriarte – Director de Investigación Instituto Res Publica