Las Lecciones a 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 ( Guillermo Cortés Lutz, Doctor en Historia, Grupo de Estudios de Atacama GEA)
“Historia magistra vitae, La historia es maestra de la vida”, Cicerón.
Desde la ciencia histórica, 50 años, que son los que se conmemoran del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, son un espacio temporal tranquilo para el análisis crítico de la historia del presente y permite conocer y sacar lecciones de lo ocurrido.
Las repercusiones del golpe militar, potenciado y avalado por parte de la derecha política y de un sector del empresariado, dan inicio al quiebre profundo de la democracia en Chile, hecho que por supuesto también afectó a la Región de Atacama, y abre una etapa de graves violaciones a los derechos humanos, a los derechos sociales y laborales de las y los ciudadanos. Este es un periodo histórico de 17 años donde se interrumpe la vida democrática de un país y todo lo que ella conlleva.
Una de las primeras constataciones, es la realización de profundas transformaciones en la economía, pasando de ser Chile un estado desarrollista, casi de bienestar y responsable, a un estado subsidiario y a un modelo neoliberal de ultranza. La industria chilena va ser desmontada, y muchas empresas que eran del estado pasan ahora al área privada, con la venta de ellas, traspasadas a costos bajísimos, lo que ha generado el concepto del Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, noción acuñada por la premio nacional de periodismo María Olivia Monckeberg. Entre los traspasos más emblemáticos son las empresas; Compañía de Acero de Pacifico CAP, la Industria Azucarera Nacional IANSA, la Línea Aérea Nacional LAN Chile, Industria Nacional del Cemento INACESA, Compañía de Teléfonos de Chile CTC, Empresa Nacional de Electricidad ENDESA, Sociedad Química y Minera de Chile SOQUIMICH, Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, Chilefilms, Sociedad Abastecedora de la Minera SADEMI, que en la región proveía a la pequeña minería y que tenía gran representación y legitimidad en Atacama, y que cuando se privatizó en la región se hizo favoreciendo a los que apoyaron el golpe militar. La periodista Oriana Miranda, ha dicho al respecto: “Detrás de cada una de ellas y de las otras privatizaciones y normalizaciones de entonces existe una historia que se tejió a espaldas de la ciudadanía, que no estaba informada sobre lo que estaba ocurriendo”. Se dio entonces un cambio muy radical en la tenencia de la industria y empresas chilenas, y con ello sin duda la generación de un privilegio inédito a los más ricos y a los que apoyaron el golpe de estado. Para paliar la grave cesantía y extrema pobreza que generó el modelo económico, aparecieron los programas de benéficos llamados Programa de Empleo Mínimo PEM, y programa de jefes de hogares POJH, donde se contrataba a los cesantes por sueldos inferiores a los mínimos.
En lo institucional, se va a poner en ejercicio una nueva constitución, la cual es legalizada con mucha debilidad electoral, con poca legitimidad, ya que para la elección no se contó con padrones electorales, y se pudo votar más de una vez, la constitución logra un porcentaje 60,7 % de aprobación. Hubo cambios drásticos en los sistemas educativos, tanto en las etapas parvularia, básica, media y universitaria, básicamente la educación primaria y secundaria se municipaliza y se abre la educación para que esta pueda ser un negocio, la universidades son intervenidas nombrando rectores militares, se crean las universidades privadas, y las universidades regionales, con bajo presupuesto. También se privatizó parte de la salud, así aparecen las isapres. Se privatizaron totalmente los fondos de pensiones de las y los trabajadores, sistema que se arrastra hasta hoy, transformando la vejez en un etapa durísima de la vida, por lo bajo de las pensiones.
En esta etapa hubo una interrupción en cuanto a la participación social y política. Los sindicatos con liderazgos de izquierda son intervenidos. Giorgio Boccardo, sociólogo y académico del Departamento de Sociología en la Universidad de Chile, ha dicho que; “Tras la derrota de la UP en 1973 se inicia un periodo de dura represión sobre los trabajadores y sindicatos liderados por socialistas y comunistas, lo que impacta negativamente en las organizaciones de trabajadores. … La CUT es proscrita y los derechos de huelga y negociación colectiva son suspendidos”. Otras organizaciones como juntas de vecinos también son intervenidas, pero van a ser principalmente los partidos políticos, como organizaciones de participación, formación ciudadana, y espacios de propuesta los más afectados. En cuanto a los poderes del estado, el Congreso es cerrado, con lo que se entroniza institucionalmente la dictadura.
Pero sin lugar a dudas, lo más complejo y terrible de esta etapa, y que ha dejado una huella de memoria y de historia, es la violación de los derechos humanos.
La información oficial con la que contamos al día de hoy es que en esta etapa hubo: asesinatos, detenidos desaparecidos, torturados, crímenes sexuales, exiliados y exonerados, todos ellos víctimas de la ruptura democrática y de la violencia política en Chile, que incluso se extendió hasta fuera de los límites del país, como es el caso del asesinato del general ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats en Argentina el año 1974, el ex canciller Orlando Letelier en Estados Unidos el año 1976. La cifra de víctimas del periodo es muy alta. “De acuerdo a las distintas comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40 mil 175 personas”.
Después del golpe de estado, con el pavoroso bombardeo al Palacio de la Moneda y la inmediata represión violenta de ese día, el siguiente acto de violencia sistemática fue la denominada Caravana de la Muerte, esta fue una acción entre el 30 de septiembre de 1973 y octubre del mismo año. Donde el militar Sergio Arellano Stark, recibe la orden de Augusto Pinochet de realizar juicios sumarios, para esta labor recibe la calidad de oficial delegado del Comandante en Jefe del Ejército y presidente de la junta de gobierno, su misión era acelerar los procesos y uniformar los criterios para castigar a los ciudadanos que hubieran sido parte de la coalición política de la Unidad Popular. El castigo fueron los asesinatos de 96 personas, de forma muy cruenta, muchos de los cuerpos de los asesinados, posteriormente fueron hecho desaparecer. En Atacama, fueron asesinados 16 ciudadanos, 13 en Copiapó y tres del campamento minero del Salvador. La Caravana de la muerte en Copiapó, actuó entre el 16 y 18 de octubre de 1973. “En los exámenes de peritaje en Instituto Médico Legal solo se encontró una bala en uno de los cuerpos, el resto eran sólo cortes de corvos, cuchillos, yataganes, quebraduras de cráneos y quemaduras de sopletes[1]”.
Todo ello, ha generado que a 50 años de distancia del hito histórico, y después de distintos debates y conversaciones, basadas en investigación científica sobre lo ocurrido, podamos plantear de forma más serena, de forma racional, pero también razonable, que: Primero, independientemente de cualquier crisis política, y por profunda que esta pudiera llegar a ser, no puede haber una irrupción violenta y armada de la vida democrática de un país, Segundo que dado la ferocidad del golpe de estado, no es posible hablar de pronunciamiento, sino que el concepto correcto es golpe militar. Tercero, por sobre todo, y ya establecida la dos primera premisa, nunca y por ningún motivo, se puede atentar y violar los derechos humanos de forma tan atroz como ocurrió en esta etapa de nuestra historia. Por último y como cuarto punto, decir que a 50 años del golpe, en opinión de GEA Atacama, el plan nacional de búsqueda impulsado por el Presidente Gabriel Boric Font, es un paso para con base en la historia, comenzar un camino de justicia y sanación cívica.
[1] . https://infogate.cl/2016/08/caravana-de-la-muerte-en-copiapo-las-imagenes-hablan-por-si-solas/
