La ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que recientemente entró en vigencia, considera a las y los menores de edad como verdaderos sujetos de derecho, dejando atrás la concepción adulto centrista que objetivizaba a personas con una opinión, con intereses, pero consideradas incapaces para algunas actuaciones de la vida adulta.

La judicialización de niños, niñas y adolescentes (NNA), sea en contexto proteccional por vulneración grave de sus derechos o por disputas de sus padres o adultos custodios, ha hecho necesario visualizarlos y sobre todo enfocar el proceder y decisiones que los afectan, desde una perspectiva de respeto y protección que garantice su desarrollo integral; y para eso el Estado ha debido desplegar sin limitaciones, el máximo de los recursos para cumplir ese mandato legal.

A partir de lo anterior, se ha establecido en la Ley Nº 21.430, que todo NNA debe ser representada (o) por un abogado (a) especialista en materias de familia, infancia y adolescencia, bajo sanción de declarar nulo el procedimiento si este requisito no se cumple.

Lo anterior se ha vuelto un verdadero desafío, teniendo en consideración que la formación académica y profesional de los abogados y abogadas se enfoca – desde la litigación-  a la defensa de intereses de adultos desde una postura generalmente controversial donde se disputa la pretensión del cliente.

En el caso del abogado de un NNA debe defender los derechos e intereses de su cliente menor de edad, que se enfrenta a situaciones familiares complejas, que indudablemente generan ansiedad, angustia miedo, conflictos de lealtades, entre tantos otros sentimientos, de manera que la perspectiva profesional ya no es controversial, sino más bien objetiva con un fin único que no es otro que defender el interés manifiesto de su cliente, en la medida que no afecte su interés superior. Tarea no menor.

De acuerdo con el plan son 53 comunas nuevas que se incorporan a este programa, en la región ya son 4 las comunas donde opera. (más…)

Después de cuatro años de tramitación -y de incertidumbre- la discusión sobre el Royalty Minero sigue entrampada en el Congreso. Luego de las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo, se abrió una discrepancia entre las cifras de carga efectiva presentadas por el gobierno y aquellas que expone la industria minera, centros de estudios y académicos.

Según los datos presentados por Hacienda, la carga efectiva de la minería nacional actualmente oscila entre 33% y 35%.  De aprobarse la actual propuesta, se aumentaría hasta un 43% la carga total.

Las estimaciones de la gran mayoría de especialistas distan mucho de estas apreciaciones. El último estudio que hemos conocido fue presentado por la prestigiosa consultora Deloitte, donde se indicó que los impuestos que paga actualmente la minería son de un 38% a un 40% en promedio. Con el proyecto actual de royalty, podría haber tasas de hasta 50%. Cifras similares han publicado organismos de gran reconocimiento en el análisis de economía minera como la consultora con sede en Reino Unido, CRU, o el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) en Chile, además de una lista de académicos.

Con cargas tributarias de esa naturaleza, Chile cobraría impuestos muy por sobre competidores mineros como Perú, Australia y Canadá, haciéndonos menos atractivos.

A lo anterior se suman naciones que hasta ahora no tenían una participación relevante en el mercado del cobre, pero que han comenzado a ganar terreno en el horizonte de los inversionistas. Es el caso de la República Democrática del Congo, cuya mina Kamoa Kakula -controlada por capitales chinos, canadienses y locales- alcanzará por sí sola una producción comparable al 14% de la producción total de nuestro país.

En ese contexto, nos parece urgente cambiar el rumbo e incentivar la inversión en Chile que alguna vez tuvo un 36% de la participación mundial de la producción cuprífera y que hoy es solo de un 26%.

En la Región de Atacama, nos importa proteger la cartera de inversiones mineras. De acuerdo con datos de Cochilco recientemente actualizados, en Atacama se invertirán US$19.515 millones en proyectos mineros hasta 2031.

Esperamos que el 2023 entrante pueda reenfocar la conversación, a reconocer el contexto actual y volver a poner a Chile en la senda del liderazgo minero internacional, despejando de una vez este proyecto de royalty y abriendo mejores perspectivas para nuestro ecosistema minero.