La Comisión de Hacienda del Senado aprobó una indicación incorporada a la reforma al sistema financiero impulsada por el Gobierno que crea el denominado «derecho al olvido» bancario, iniciativa que ahora deberá ser discutida y votada por la Sala de la Cámara Alta.
La propuesta establece que los bancos y otras entidades financieras deberán eliminar de sus registros internos, así como de las comunicaciones que entreguen a terceros, la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos cinco años desde que estas fueron exigibles o prescribieron.
Además, la iniciativa prohíbe que esos antecedentes, incluidas las deudas ya pagadas o extinguidas, sean utilizados para negar el acceso a créditos, productos financieros o la apertura de cuentas bancarias.
Una de las autoras de la indicación, señaló que el objetivo es terminar con las denominadas «listas negras» que mantienen las instituciones financieras.
«Lo que buscamos con esta indicación es borrar a todas aquellas personas con deudas ya pagadas o prescritas de las verdaderas listas negras discriminadoras que manejan internamente los bancos», afirmó.
Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez explicó que la medida permitirá eliminar de los registros internos los antecedentes comerciales, bancarios, financieros y económicos de personas naturales vinculados a deudas impagas o extinguidas, una vez cumplido el plazo de cinco años.
«Es la posibilidad de que los antecedentes comerciales, bancarios, financieros y también económicos de una persona puedan ser eliminados de sus registros internos. Y esto luego de cinco años», sostuvo.
No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos desde el sector financiero. Diversos actores advirtieron que la norma obligaría a eliminar información contenida en las bases de datos internas de bancos y acreedores, dificultando la evaluación del riesgo crediticio de quienes soliciten financiamiento.
Según plantean, el proyecto incluso podría impedir considerar antecedentes de deudas que aún mantienen vigencia jurídica, reduciendo la información disponible para analizar el comportamiento financiero de los clientes.
A juicio del sector, la medida podría producir un efecto contrario al esperado, ya que las entidades financieras podrían endurecer los requisitos para otorgar créditos o exigir mayores garantías, afectando especialmente el acceso al financiamiento y los esfuerzos por fortalecer la inclusión financiera en el país.
