Un reciente estudio realizado por la Universidad San Sebastián ha revelado que la excesiva burocracia, conocida como «permisología», ha generado pérdidas significativas en inversiones, estimadas en casi 2.000 millones de dólares durante el año 2023. Este fenómeno se debe principalmente al aumento en los tiempos necesarios para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El informe destaca que los estudios de impacto ambiental aprobados en 2023 necesitaron un promedio de 985 días corridos para cumplir con el requisito de la RCA, lo cual representa un incremento considerable en comparación con el promedio histórico de 434 días. Este retraso ha tenido un efecto negativo en la economía, según explica Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
«En 2023 observamos un aumento que llegó a cerca de 0,6 puntos del PIB, es decir, alrededor de 2.000 millones de dólares que dejaron de generarse debido a la excesiva burocracia, especialmente en el sistema de evaluación ambiental», señaló Weber. Además, el académico destacó que más del 67% de los proyectos están retrasados respecto a los plazos establecidos por la ley.
Weber enfatizó la necesidad urgente de abordar este problema: «Este es un lujo que no podemos darnos como país. Si queremos retomar tasas razonables de crecimiento en torno al 4%, es fundamental reducir la tramitación y los tiempos de la excesiva burocracia del Estado. Esto es esencial para retomar niveles razonables de formación bruta de capital fijo, es decir, de inversión a largo plazo que genere más y mejor empleo», añadió.
En respuesta a esta situación, el Gobierno está impulsando un paquete de medidas bajo el denominado «fast track económico», que incluye 21 proyectos destinados a mejorar la eficiencia y reducir la burocracia. Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que abarca medidas contra la evasión y elusión fiscal, así como la informalidad; la ley de permisos sectoriales (permisología); y modificaciones en la institucionalidad ambiental para agilizar la aprobación de proyectos.
