La comisión mixta encargada de resolver las diferencias sobre el proyecto que modifica la Ley 21.325 concluyó este lunes su trabajo con acuerdos unánimes para fortalecer y agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de personas en situación migratoria irregular.
La instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo, deberá ahora someter sus acuerdos a la ratificación de las salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Entre las principales modificaciones aprobadas se estableció aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país para quienes sean expulsados administrativamente.
Otro de los cambios permitirá que la Policía de Investigaciones solicite por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un domicilio con el objetivo exclusivo de aprehender a una persona que mantenga una orden de expulsión firme.
La propuesta también contempla la expulsión de extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por determinados delitos con penas que no superen los tres años y que no registren condenas previas.
En estos casos, la medida deberá coordinarse con el Ministerio Público para resguardar las investigaciones en curso y los derechos de las víctimas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró los acuerdos alcanzados y destacó especialmente la facultad que se entregaría a la PDI para concretar detenciones en domicilios, previa autorización judicial.
La autoridad señaló que esta modificación busca facilitar el cumplimiento efectivo de órdenes de expulsión que ya se encuentren totalmente tramitadas.
Pavez también destacó que la propuesta permitiría concretar la expulsión de determinadas personas extranjeras sometidas a procesos penales sin necesidad de esperar el término completo del procedimiento, siempre dentro de los supuestos establecidos por la iniciativa.
El proyecto corresponde al boletín 16.836-06 y busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa establecido en la legislación migratoria vigente.
